"Tenemos que tener en cuenta las sensibilidades de los sectores agrícolas, especialmente en los países vecinos, que son los más afectados. Así que estamos estudiando la mejor manera de hacerlo, incluida la posibilidad de contar con salvaguardias no sólo en caso de perturbaciones del mercado de la UE en su conjunto, sino también en caso de perturbaciones en un solo Estado miembro o en unos pocos", ha asegurado este el martes por la mañana Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión y responsable de Comercio.
"Sabemos que el impacto regional de las exportaciones agroalimentarias ucranianas es muy desigual en la UE, afectando sobre todo a los países vecinos. Y (estamos) estudiando también cómo salvaguardar los productos más sensibles", ha explicado Dombrovskis. Las declaraciones del vicepresidente, que se hacen eco de una entrevista que concedió anteriormente al Financial Times, suponen un giro de 180 grados de Bruselas, que pasó la mayor parte de 2023 denunciando enérgicamente las prohibiciones unilaterales que Polonia y Hungría habían impuesto al grano ucraniano.
Como parte de las amplias medidas adoptadas tras la invasión rusa, el bloque decidió levantar los aranceles sobre las importaciones ucranianas, incluidos los productos agrícolas, en un intento de ayudar al país devastado por la guerra a sostener su maltrecha economía.
Ucrania, uno de los mayores exportadores mundiales de aceite de girasol, cebada, maíz y trigo, necesitaba urgentemente una ruta alternativa para enviar sus mercancías después de que las tropas rusas bloquearan el Mar Negro. Las exenciones comerciales de la UE debían impulsar el transporte por rutas terrestres y liberar espacio para las consiguientes cosechas.
Pero la repentina llegada de cereales libres de impuestos inundó los mercados de países vecinos como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, desatando la furia de los agricultores locales, que veían en las importaciones ucranianas de bajo coste una competencia desleal. Los gobiernos tomaron represalias imponiendo prohibiciones unilaterales y descoordinadas, que la Comisión consideró ilegales, injustas y contrarias al principio de solidaridad.
Como solución temporal, el Ejecutivo permitió que cuatro productos ucranianos concretos -trigo, maíz, colza y girasol- transitaran por los cinco países del Este, pero sin permanecer en sus mercados para consumo interno o almacenamiento.
El régimen finalizó a mediados de septiembre, pero Polonia, Hungría y Eslovaquia hicieron caso omiso de la decisión y reintrodujeron prohibiciones nacionales. Kiev se enfureció y presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los tres Estados.
Aunque Eslovaquia intentó más tarde llegar a un acuerdo con Ucrania, Polonia y Hungría se mantuvieron firmes y mantuvieron intactas sus restricciones. Incluso tras la elección de Donald Tusk y su coalición proeuropea, Varsovia afirmó que las medidas proteccionistas seguirían en vigor para proteger a los agricultores polacos de las turbulencias del mercado.
Hungría ha dejado claro que las prohibiciones han llegado para quedarse.
"Seguiremos aplicando la prohibición de importar grano ucraniano y otros productos agrícolas para proteger a nuestros agricultores", ha dicho el martes Péter Szijjártó, ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio. "El tránsito está bien. Importar, no".
Con la saga de los cereales aún sin resolver, la Comisión parece apostar por "salvaguardias" selectivas, eufemismo de restricciones, para apaciguar el descontento en el Este. Dombrovskis no ha dado detalles concretos sobre la próxima propuesta, que se espera presentar en los próximos días. Aún no está claro qué margen de actuación tendrán en la práctica los Estados miembros ni cuántos productos podrán prohibir.
La propuesta ampliará la supresión de aranceles hasta junio de 2025, ha señalado Dombrovskis.