Bruselas, 19 oct (.).- La Comisión Europea (CE) reabrió este martes el debate sobre la revisión de las reglas europeas de disciplina presupuestaria tras la pandemia, con la vista puesta en conciliar una reducción "realista" de la deuda pública con las inversiones millonarias que requerirá la transición ecológica.
Bruselas publicó para ello un documento en el que analiza la situación económica de la Unión Europea (UE) tras la crisis de la covid-19 y extrae las "lecciones" que deja para su marco de gobernanza, pero no hace todavía propuestas concretas de reforma.
La Comisión había empezado en febrero de 2020 la revisión de estas reglas, que fundamentalmente exigen que la deuda pública no supere el 60 % del producto interior bruto (PIB) y el déficit no rebase el 3 %, pero la pandemia obligó a paralizarla.
En marzo de ese año, suspendió las normas para permitir el enorme gasto público con que los Gobiernos respondieron a la crisis y el plan es que sigan congeladas hasta 2023.
La CE quiere que el análisis publicado hoy sirva de base para el debate entre los Gobiernos de la UE, profundamente divididos sobre las normas desde la crisis financiera, y que éstos logren un consenso sobre qué hacer con ellas antes de 2023.
Una de las cuestiones fundamentales será "cómo cuadrar el círculo para, por un lado, reducir la deuda pública y, por otro, promover la inversión", dijo el vicepresidente comunitario, Valdis Dombrovskis, en la presentación del documento.
REDUCCIÓN DE DEUDA
La pandemia ha provocado un aumento importante de los niveles de deuda y déficit, ha frenado la corrección de los desequilibrios económicos y creado nuevas vulnerabilidades, como cuellos de botella en las cadenas de suministros.
Algunos desafíos son ahora más urgentes, como la lucha contra el cambio climático o la digitalización, y otros -como la baja productividad, la escasa inversión o la desigualdad- sencillamente persisten, señala la comunicación.
En este contexto, Bruselas considera "fundamental" reducir la deuda pública, pero defiende que se haga de forma "gradual", "realista" y "compatible con un crecimiento sostenible" que no ponga en riesgo la recuperación.
La cuestión a debate no es si hay que rebajar el ratio de deuda, que roza el 93 % de media en la UE, sino el "ritmo" que se exigirá.
Las normas actuales obligan a que cuando la deuda rebase el 60 % del PIB, este exceso se reduzca en un veinteavo de su volumen cada año, lo que impondría recortes de varios puntos del PIB en algunos países europeos que superan con creces esa cota, como Grecia (209 %), Italia (160 %) o España (125 %).
"Para los países con una deuda muy alta sería muy difícil y podría afectar negativamente a la recuperación si tuvieran que cumplir con esta regla del veinteavo en una interpretación estricta", dijo Dombrovskis, reconociendo que este mecanismo será parte del debate.
Bruselas insiste, no obstante, en la importancia de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y recuerda que la covid ha puesto de relieve la necesidad de construir colchones fiscales en tiempos favorables para responder después ante crisis.
INVERSIONES VERDES
Esta sostenibilidad fiscal tendrá que conjugarse, a juicio de Bruselas, con mantener altos niveles de inversión en los próximos años, sobre todo para cumplir los objetivos climáticos más ambiciosos que se ha marcado Bruselas en los últimos meses.
Cada año se necesitarán 520.000 millones más para la transición climática, según sus cálculos. Si se añade la digitalización, la factura sube a los 650.000 millones.
La Comisión no anticipa de qué manera deberían contribuir a esto las reglas fiscales, pero señala que podrían plantearse soluciones como la "regla de oro" propuesta por la Junta Fiscal Europea, que plantea excluir del cálculo del déficit ciertas inversiones productivas, en particular las "verdes".
Varios países, incluidos España, Francia, Italia o Portugal, reclaman tener en cuenta estas necesidades al revisar las normas para evitar que los ajustes fiscales se traduzcan en drásticos recortes de la inversión, como ocurrió en la crisis financiera.
Otros países, por el contrario, rechazan relajar las normas. Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Eslovaquia y República Checa señalaron en una carta en septiembre que la sosteniblidad fiscal y las reformas deben seguir siendo en núcleo de las reglas y restaron urgencia a la reforma.
En lo que sí coinciden los países y la Comisión es en la necesidad de simplificar unas reglas que se han ido complicando con los años.
BUSCAR CONSENSO
El objetivo de Bruselas es someter ahora las normas a consulta pública y fraguar consenso entre los Gobiernos antes de volver a aplicarlas.
La Comisión dará en el primer trimestre de 2022 unas "orientaciones" fiscales a los países para que vayan preparando sus presupuestos de 2023 y confía en hacer propuestas concretas de reforma en la primera mitad de año.
Sin embargo, admite que será difícil que cualquier cambio legislativo esté en vigor a principios de 2023. En ese caso, podría adoptar una declaración que aclare cómo tienen que interpretarse las normas ese año.
Las reglas, recuerda Bruselas, ya han demostrado ser flexibles.
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