Madrid, 29 abr (.).- El PSOE y Sumar han introducido una enmienda en la ley de paridad para retirar al Senado su capacidad de vetar la senda de estabilidad, lo que supondría que si la Cámara Alta rechaza los objetivos de déficit y deuda estos volverían al Congreso para su aprobación definitiva y no al Gobierno como sucede actualmente.
Los partidos del Gobierno de coalición han metido este cambio, que supone modificar la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en una enmienda a la ley de paridad que actualmente se está tramitando en el Congreso.
De acuerdo con la enmienda, si el Congreso aprueba los objetivos de déficit y deuda y el Senado los rechaza, estos vuelven a la Cámara Baja, que podrá ratificarlos por mayoría simple -en cuyo caso entrarían en vigor- o rechazarlos, con lo que serían devueltos al Ejecutivo para que elabore unos nuevos.
"Resulta anómalo que se introdujera en la ley orgánica un procedimiento para la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública distinto al que la propia Constitución establece para la aprobación de los Presupuestos", se afirma en la justificación de la enmienda, que incide en que el país debe contar con un procedimiento "ágil y adecuado".
La aprobación de esta enmienda facilitaría al Gobierno el aval parlamentario de la futura senda de estabilidad, ya que actualmente el Senado está controlado por la mayoría absoluta del PP y la redacción de la ley "abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España", dice el texto de la enmienda.
Bloqueo del Senado a la senda de déficit
Desde 2012, la ley de estabilidad establece que cada año el Gobierno tiene que elaborar una senda de estabilidad -que va acompañada, aunque no se vota, del techo de gasto para el ejercicio siguiente- y que tiene que ser aprobada tanto por el Congreso como por el Senado.
Esto supone que si el Senado rechaza la senda, esta vuelve al Gobierno -en lugar de al Congreso para que se pronuncie sobre ese veto como sucede con el resto de textos normativos-, que tiene que presentar una nueva en el plazo de 30 días, pero no especifica qué sucede si recibe un nuevo veto.
El Senado ha rechazado la senda de estabilidad en dos ocasiones: en 2018 -un veto que se solventó recurriendo a los últimos objetivos aprobados- y este año, cuando la mayoría absoluta del PP tumbó los objetivos en dos ocasiones.
Ante este bloqueo, que impedía al Gobierno contar con una senda con la que elaborar los presupuestos, el Ejecutivo consultó a la Abogacía del Estado, que estableció que en caso de que el Senado vetara la senda y no hubiera objetivos aprobados entrarían en vigor los remitidos a Bruselas en el programa de estabilidad de abril.
Este procedimiento permitía esquivar el bloqueo del Senado, pero implicaba alargar varias semanas el proceso e impedía al Gobierno actualizar sus objetivos de déficit y deuda -en el caso de la senda 2024-2026, el Ejecutivo fijaba metas de déficit más flexibles para regiones y ayuntamientos-.
De aprobarse la enmienda presentada por el PSOE y Sumar, en caso de que el Senado rechace la senda de estabilidad, esta volvería al Congreso, que podría levantar este veto y permitir así su entrada en vigor.
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