El aborto vuelve a a estar en el punto de mira en Italia, 46 años después de su legalización. El Senado italiano ha votado este martes por la tarde una medida que permite a las asociaciones antiabortistas (también llamadas provida) operar dentro de los centros de asesoramiento familiar. La medida ha suscitado numerosas críticas por sus modalidades y calendario, a pesar de que el derecho al aborto ha vuelto a la agenda política con una resolución del Parlamento Europeo este mes.
De hecho, el permiso para la actividad de los grupos de "apoyo a la maternidad" y a las mujeres en trance de interrupción del embarazo se ha incluido en el decreto sobre medidas financiadas por el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), que debe convertirse en ley antes del 1 de mayo, y en el que la mayoría ha depositado su confianza, por lo que su aprobación es casi un hecho.
La enmienda, firmada por Lorenzo Malagola, de Fratelli d'Italia, ya ha pasado la Cámara de Diputados, que aprobó el texto sobre el PNRR el 16 de abril, en vísperas de las elecciones regionales en Basilicata, con 185 votos a favor, 115 en contra y 4 abstenciones.
La medida sobre el asesoramiento centra un intento de socavar la ley 194 sobre el aborto
La votación de este martes estuvo precedida por una protesta frente al Senado. "La ley 194 no trata de la autodeterminación con respecto al aborto", dijo una de las manifestantes, Bianca Monteoleone."La ley es extremadamente paternalista, porque prevé la protección social de la maternidad y el aborto como una excepción que debe ser obstaculizada en la medida de lo posible, por ejemplo con medidas estatales", añadió Monteleone. Para los activistas a favor del aborto, se trata de un intento de ataque a los 194, aunque no frontal.
La ley que despenalizó el aborto en Italia, de hecho, fue fruto de un compromiso político en 1978 que nunca se revisó para adaptarla a los tiempos, como ocurrió en otros lugares de Europa.
Gobierno y activistas en centros de asesoramiento para "aplicar realmente" la ley del aborto en Italia
Desde su elección en septiembre de 2022, el Gobierno de Giorgia Meloni nunca ha cuestionado abiertamente la ley 194, como exigían los grupos provida y profamilia que lo apoyaban. El Estado, las regiones y las autoridades locales promoverán y desarrollarán servicios sociales y sanitarios, así como otras iniciativas necesarias para "evitar que el aborto se utilice con fines de restricción de la natalidad", reza el artículo 1 de la Ley 194.El artículo 3, por su parte, señala entre las responsabilidades de los centros de asesoramiento la de ayudar a "superar las causas que podrían inducir a una mujer a interrumpir su embarazo" y la posibilidad de recurrir a asociaciones de voluntariado que "también pueden ayudar a la maternidad difícil después del parto".
El precedente del artículo 9 de la 194: el 60% de los ginecólogos no practica abortos
El riesgo de que una aplicación literal de la ley, más de 40 años después de su concepción, convierta la libertad de abortar en una auténtica odisea, tiene su ejemplo más claro en la interpretación extensiva que se ha dado al artículo 9 sobre la objeción de conciencia.Inicialmente prevista para respetar los posibles dilemas éticos de los ginecólogos y sanitarios llamados a intervenir durante un aborto en el hospital, la objeción de conciencia llegó a afectar en 2021 al 63,6% de los ginecólogos y al 40,5% de los anestesistas de Italia, según el último informe anual del Ministerio de Sanidad sobre la aplicación de la Ley 194.
Según el Ministerio, cada año se practican en Italia unos 60.000 abortos (63.653 en 2021) y el 42,8% de las mujeres que pretenden abortar acuden a los centros de asesoramiento sanitario para obtener el certificado médico obligatorio.