Madrid, 20 nov (.).- Las decisiones sobre la continuidad o no de las medidas para paliar el efecto de la subida de los precios energéticos serán de las primeras cuestiones que tendrá que abordar nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, que prevé recuperar la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Al frente de la política energética se situará, de nuevo, Teresa Ribera, que repetirá como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, de acuerdo con lo esperado dado su reconocimiento entre los socios europeos a raíz de las negociaciones por la "excepción ibérica" y la reforma del mercado eléctrico comunitario.
A nivel nacional, su Ministerio ya tiene lista para aplicar, a partir del próximo 1 de enero, la nueva tarifa regulada de la electricidad, también conocida como PVPC.
Según esta última formulación, un 75 % del precio de la energía consumida estará determinado por el valor diario del mercado mayorista y el resto, por el mercado de futuros mensual, trimestral y anual, estando previsto que para años sucesivos la señal diaria vaya pesando menos.
También llega con los deberes hechos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), cuya revisión ya ha enviado a Bruselas para su visto bueno.
Además, bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), el Gobierno, a través de Ribera, ha participado del acuerdo para modificar el diseño del mercado eléctrico de la región, que enfila su fase final en los trílogos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.
Lo que no se sabe aún es qué pasará con las medidas del Ejecutivo para paliar la escalada de los precios de la energía, agudizada a partir de la invasión rusa de Ucrania, como la rebaja del IVA de la luz, la reducción al 0,5 % del impuesto especial sobre la electricidad o las ampliaciones de los descuentos a los beneficiarios del bono social.
El Gobierno amplió, asimismo, en una nueva categoría los beneficiarios y puso en marcha una tarifa de último recurso (TUR) de gas para las comunidades de vecinos, cuya vigencia concluye este 31 de diciembre.
Otra cuestión pendiente es si solicitará a Bruselas una nueva extensión de la "excepción ibérica", que topa el precio del gas para generación eléctrica en el mercado mayorista y cuya aplicación acaba al finalizar diciembre.
Tampoco se sabe qué pasará con otras iniciativas que quedaron pendientes, como el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, al que contribuirían petroleras, gasistas y eléctricas, y que fue retirado por poder colisionar algunas medidas que estaba adoptando el Ejecutivo por la subida de los precios energéticos.
Del mismo modo quedó en el aire el proyecto de ley para recortar la sobrerretribución de las centrales nucleares, hidráulica y eólicas de antes de 2003, los denominados 'beneficios caídos del cielo' que obtienen por cobrar en el mercado el mismo precio que las de gas, aunque no lo usen y produzcan más barato.
Por lo pronto, PSOE y Sumar sí que han anunciado en su acuerdo de Gobierno su intención de extender el gravamen a las energéticas, que inicialmente se aprobó por dos años para que aportaran por el incremento de sus ingresos por los altos precios energéticos.
Esta medida ha sido contestada fuertemente por el sector, que en el caso de Repsol (BME:REP) incluso ha dejado caer que podría suspender inversiones en España si se prorroga el impuesto.
Otro de sus objetivos será duplicar los hogares acogidos al bono social, al tiempo que aspiran a crear una Comisión Nacional de Energía o CNE, como había antes de que fuera subsumida en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).