Ciudad de Panamá, 26 oct (.).- El Gobierno de Panamá aseguró al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que el país libra una "cruzada para salir de las listas" en las que está incluido por deficiencias en el combate al blanqueo, incluida la de ese organismo.
"Estamos en una cruzada para salir de las listas. Vamos a hacer el trabajo bien, porque no se trata sólo de salir, sino de no volver a entrar en el grupo de países no cumplidores", dijo el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ante el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), informó este martes ese despacho.
Panamá fue incluida en el 2014 en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Logró salir en el 2016 pero fue reinsertada en junio de 2019 y allí permanece.
El ministro Alexander expuso ante el ICRG que en los últimos 12 meses el país "ha logrado efectividad en 7 de las 15 acciones comprometidas" en el Plan de Acción trazado a Panamá por el GAFI, y reconoció que "requerirá celeridad" cumplir con las 8 pendientes.
En una reciente evaluación a Panamá conocida el jueves pasado, el GAFI expresó preocupación por el ritmo de avance en la ejecución del plan de acción al que se comprometió el país en el 2019 para superar las deficiencias en su régimen de prevención del blanqueo de capitales, informó el diario La Prensa.
El organismo internacional instó a Panamá a completar el plan de acción para febrero de 2022, y alertó que si para entonces "no hay suficiente progreso considerará" nuevas medidas "que podrían incluir" pasar al país de la lista gris en la que está a la "negra", dijo el presidente del GAFI, el alemán Marcus Pleyer, al rotativo panameño.
En la lista negra, o de jurisdicciones de alto riesgo del GAFI, sólo están Irán y Corea del Norte.
Según la fuente periodística, entre las acciones que tiene pendientes Panamá están el mejoramiento de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de las personas jurídicas, y asegurar sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas contra violaciones al régimen de lavado de activos.
También garantizar una adecuada verificación de información actualizada de los beneficiarios finales por los sujetos obligados y el acceso oportuno de las autoridades competentes, estableciendo mecanismo efectivos para monitorear las actividades de entidades extraterritoriales.
Además, Panamá debe aún demostrar la capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero vinculado a delitos fiscales en el extranjero, y prestar una cooperación internacional constructiva y oportuna en relación a dichos delitos.
En su intervención en la sesión del ICRG, el ministro Alexander mencionó la aprobación parlamentaria del Proyecto de Ley 624, que incluye algunas de las recomendaciones del Grupo establecidas en el plan de acción, y que "se espera sea promulgado como Ley de la República antes que concluya el año", dijo el comunicado del MEF.
Entre esas recomendaciones amparadas en la ley está "garantizar un sistema sancionatorio disuasivo y proporcional ante el incumplimiento de las normas regulatorias a los sujetos obligados del país, adecuar el acceso apropiado a la información del beneficiario final de personas jurídicas, y la obligación de monitoreo de las actividades de las personas jurídicas".
Alexander dijo que el impulso que se está imprimiendo a la persecución de los delitos financieros en Panamá queda demostrado "en el incremento de las investigaciones paralelas en cooperación con otras jurisdicciones, y las de alto riesgo, relacionadas con delitos precedentes del blanqueo de capitales, como la trata de personas, corrupción, tráfico de drogas y las remesas de dinero sin control adecuado, ya en manos del Ministerio Público".