(Actualiza la EC4016 con más información y declaraciones de Calviño)
Madrid, 26 oct (.).- Repsol (BME:REP) ha advertido este jueves de que la posibilidad de que se mantenga el gravamen a las grandes energéticas, inicialmente temporal y extraordinario y que a su juicio es "injusto, ilegal, inconstitucional y discriminatorio", puede condicionar sus futuras inversiones en España.
Al respecto, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha reaccionado diciendo que precisamente España tiene el precio de la energía más bajo que los países del entorno y que eso precisamente "permite atraer grandes proyectos de inversión".
Coincidiendo con la presentación de sus resultados hasta septiembre, la energética ha avisado este jueves de que "la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España".
Durante una conferencia con analistas, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha añadido que el gravamen "impacta de forma negativa y castiga" a las compañías que invierten en activos industriales y que crean empleo en el país, mientras que favorece a los importadores que "no generan empleo ni actividad económica relevante en España".
Imaz se ha referido al acuerdo de PSOE y Sumar, por el que ambas formaciones se comprometen a revisar el citado gravamen, que se aprobó por dos años, para mantenerlo en caso de que vuelva a salir adelante un Gobierno de coalición.
En su opinión, la extensión, que se plantea "sin ninguna base legal", penalizaría todavía más a la compañía y tendrá repercusiones en la capacidad de invertir en la transición energética.
Y es que, a día de hoy, negocios como sus unidades de química en España están pagando este gravamen incluso cuando en términos netos están incurriendo en pérdidas y están teniendo dificultades para competir en el mercado internacional.
Si bien ha remarcado que cualquier posible ampliación de esta tasa extraordinaria "necesitará de una nueva discusión" en el Congreso de los Diputados, Imaz ha dejado claro antes de adoptar cualquier decisión final de inversión en España analizarán de forma "cuidadosa" si las condiciones son lo suficientemente atractivas y estables como para generarles un retorno.
A preguntas de los analistas, ha admitido que la multinacional española tiene alternativas, no en vano dispone de sitios industriales en Portugal, y ha subrayado que actuarán siempre para defender a sus accionistas y empleados, y al mismo tiempo "el significado del empleo industrial".
Al respecto, durante una entrevista en La Sexta, Calviño ha defendido que "a los empresarios (españoles) nunca les ha ido tan bien como con nuestro Gobierno". "Les ha ido muy bien estos años", están publicando "beneficios récord" y sus perspectivas son positivas, ha defendido.
La compañía invirtió 4.362 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 82 % más que un año antes. El 41 % de esa cantidad se destinó a España y el 37 % a EE. UU.
Deja abierta la vía al Constitucional
Imaz también ha hablado de la vía legal iniciada en España, donde Repsol recurrió el gravamen ante la Audiencia Nacional, y aunque ha mostrado su confianza en la Justicia, ha avisado de que si el fallo resulta contrario a sus intereses, llevarán el contencioso hasta el Tribunal Constitucional.
A nivel comunitario, la compañía está pendiente de una solicitud de apoyo a un recurso presentado por ExxonMobil (NYSE:XOM) ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), donde la estadounidense pidió la anulación de la tasa aprobada en Europa el año pasado.
En cualquier caso, Imaz ha diferenciado entre el gravamen europeo sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas, y el español, que se aplica a las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España, lo que supone una "enorme diferencia".
Por lo pronto, si bien no ha podido dar una cifra exacta del impacto del gravamen para este 2023 -que se abonará en 2024-, ha avanzado que será inferior al del año pasado dado el contexto de precios energéticos más bajos, y estará en torno a los 300-350 millones de euros.
Unos niveles, por tanto, inferiores a los 450 millones de euros a pagar este año a cuenta de 2022.
En materia de contribución fiscal, Repsol aportó 10.890 millones de euros a las arcas públicas en los tres primeros trimestres, de los que cerca del 70 %, unos 7.441 millones, correspondieron a España, situándose como la empresa del IBEX 35 "que más impuestos pagó en el país".