Madrid, 7 nov (.).- La ministra de Industria, Turismo y Comercio en funciones, Reyes Maroto, ha dicho este jueves que "poner fiscalidad a los servicios digitales es clave" y ha afirmado que "hay que poner coto a las lagunas" que han surgido con la aparición de esos nuevos servicios.
Esa fiscalidad "es algo reclamado" y ha citado el caso de las viviendas de alquiler turístico, al tiempo que ha afirmado durante un desayuno informativo organizado por El Economista que a veces se "enmascara" bajo la digitalización una actividad que crea valor y riqueza, pero que no paga impuestos.
Aunque en España se puede abordar la tasa Google (NASDAQ:GOOGL), este asunto tiene que ser un debate de Europa, ha explicado no obstante.
Respecto al 'brexit', Maroto ha afirmado que el Gobierno está más tranquilo que hace una semana con el cambio de estrategia del primer ministro británico, Boris Johnson, quien ha dicho que no va a haber un 'brexit' duro, lo que "hace una semana era impensable", según la ministra.
Respecto al mercado turístico británico, ha afirmado que "se está estabilizando", de acuerdo con las encuestas turísticas Frontur y Egatur de llegada de extranjeros a España y su gasto.
Maroto ha explicado que los británicos parecen haber "descontado" el efecto del 'brexit' y están tomando decisiones de compra.
La crisis de Thomas Cook (LON:TCGI) debería servir para atraer a un turista británico "de más calidad", ha afirmado.
Respecto a la decisión del Gobierno español de desestimar las reclamaciones judiciales que lleguen de Estados Unidos contra empresas españolas por la ley Helms-Burton, ha indicado que esta medida es "una de las muchas" que irá tomando el Gobierno para proteger los intereses de las compañías españolas y ha añadido que para el Ejecutivo "proteger a las empresas españolas de amenazas es una prioridad".
Según ha publicado este jueves el diario El País, el Gobierno, en virtud de un reglamento europeo que deja sin efecto las resoluciones de juzgados que hagan efectiva la ley Helms Burton, dará por no recibidas las notificaciones contra compañías españolas, tanto si se dirigen a las empresas o si van a juzgados españoles o al Ministerio de Justicia.
El Estatuto de Bloqueo de la UE, aprobado en 1996, rechaza los efectos de la ley Helms-Burton en cualquier Estado miembro.