Quito, 28 oct (EFE).- El Gobierno ecuatoriano inició un proceso
para denunciar algunos acuerdos bilaterales de protección recíproca
de inversiones, informó hoy la prensa local al apuntar que el tema
lo analiza la Asamblea Nacional (ex Parlamento) por pedido del jefe
de Estado, Rafael Correa.
El pedido presidencial se remitió a la Asamblea el pasado 28 de
septiembre, publica el diario El Comercio al anotar que estos
instrumentos, firmados por el Estado entre 1968 y 2001, según el
argumento oficial, "están en contradicción con lo que dispone la
Constitución vigente y perjudican los intereses nacionales".
Los acuerdos que serán denunciados por pedido del Ejecutivo son
los que el país firmó con Finlandia y Suecia en 2001, Países Bajos
en 1999, Canadá y Alemania en 1996.
También los suscritos con China, Francia, Reino Unido, Irlanda y
Argentina en 1994. Los de Chile, Venezuela y EE.UU. de 1993, y el de
Suiza en 1968.
El Ejecutivo señala que el artículo 422 de la Constitución impide
celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el
Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias del
arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole
comercial entre el Gobierno o personas naturales o jurídicas
privadas.
Precisamente, estos acuerdos bilaterales fijan como instancias de
arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (Ciadi), que pertenece al Banco Mundial y a
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional.
El plazo para que la Asamblea se pronuncie sobre este pedido
concluye el próximo miércoles.
Linda Machuca, del movimiento oficialista Alianza País,
integrante de la Comisión de Soberanía de la Asamblea que prepara el
informe de mayoría sobre este tema, sostuvo que la posición de
Correa es coherente con el texto constitucional.
La mencionada Comisión recibirá mañana a representantes de los
sectores productivos privados.
Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial Ecuatoriano, asegura que
"los acuerdos de protección de inversiones son moneda corriente en
todos los países del mundo".
"No queremos ser suspicaces y pensar que esto pudiera ser un paso
adelante para, a futuro, propiciar estatizaciones de inversiones
bajo la denominación de sectores estratégicos", señaló.
El canciller en funciones, Lautaro Pozo, explicó que los
convenios de protección de inversiones tienen una duración de diez
años y, cuando los denuncia un Estado, estos tienen vigencia por
otros 10 años.
"Por lo tanto, no significa que mañana denunciamos y los
inversionistas ya no tienen protección", precisó.
Un grupo de juristas y técnicos de la cancillería adelanta la
elaboración de un documento marco, denominado Convenio de Protección
de las Inversiones Complementarias, que se propondrá a estos países.
Según Pozo, "será un proceso de negociación duro, porque estos
convenios son estándares". EFE