Ley de hidrocarburos en Ecuador entrará en vigor por decreto presidencial

Quito, 25 jul (EFE).- La nueva Ley de Hidrocarburos entra en vigor mañana en Ecuador, según anunció el presidente Rafael Correa, al margen de una improbable reunión de la Asamblea Nacional para tratar la reforma de la norma que permite la nacionalización de los campos petroleros si se incumple la ley.

Y es que pese al fracaso del intento de instalar la sesión por parte del presidente de la Asamblea, el oficialista Fernando Cordero, éste aseguró que permanecerá en la sede de la institución hasta la medianoche, a la espera de novedades.

Fuentes de la Asamblea consultadas por Efe consideraron prácticamente imposible que se instale la sesión hoy y otras fueron tajantes al asegurar que la cita no se concretará pues incluso algunos legisladores de la oposición ya abandonaron el edificio.

Al opinar que la sesión definitivamente no se instalará, Luis Villacís, político del Movimiento Popular Democrático, anticipó a Efe que esta misma semana presentarán una demanda de inconstitucional a la ley al considerar que no ha respetado normas legales.

Legisladores de la oposición protestaron por la ausencia de los legisladores oficialistas y pidieron a gritos que bajen al pleno pues se encontraban en otra instancia de la edificación.

A través de un comunicado leído por el coordinador del movimiento oficialista Alianza País, Juan Carlos Casinelli, justificaron su ausencia en la sesión al señalar que no se presentaron a la sesión porque la ley que ahora rige "perpetúa el atraco petrolero".

"Muchas de las empresas privadas petroleras se acostumbraron a llevarse el petróleo de Ecuador", indica el escrito.

Casinelli leyó el escrito ante la prensa rodeado por legisladores de País y junto a Cordero, y apuntó que la posición se asume como defensa de la soberanía.

"La Ley que hoy nos rige, perpetúa el atraco petrolero: muchas de las empresas privadas petroleras se acostumbraron a llevarse el petróleo ecuatoriano", añade al asegurar que ello se permitió a través de los contratos de participación.

"Esto se terminó hoy. No podemos esperar más, no queremos postergar más. Continúa la recuperación de la Patria. Hoy más que nunca nos ratificamos en la recuperación y el manejo soberano de nuestros recursos naturales, y de nuestro patrimonio", añade.

"La riqueza, desde hoy nos pertenece. Esta ley, que nos devuelve el cien por ciento de la titularidad del petróleo ecuatoriano, nunca pretendió el respaldo de la partidocracia. No lo necesitamos, no lo queremos", indica el escrito.

En este agregaron que "desde hoy, las unidades de los trabajadores de las empresas privadas que explotan el petróleo, tendrán que compartirse con los dueños del recurso: los ecuatorianos y ecuatorianas que viviendo en donde se produce el petróleo, nunca lo habrán podido disfrutar".

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró ayer que mañana enviará al Registro Oficial la ley para que sea promulgada al considerar que se vencieron los plazos para que el Legislativo trate el tema.

El jefe de Estado, que está empeñado en cambiar los actuales contratos de participación de las petroleras privadas por otras de prestación de servicios, comentó que "estamos disputándoles miles de millones a las petroleras".

"Con esta ley, petrolera que no cumple con las políticas del Estado, se le nacionaliza el campo y se van del país, me dan mejores instrumentos para nacionalización", señaló Correa.

Anticipó que la situación relacionada con la ley de Hidrocarburos podría derivar en una pugna de poderes, por lo que pidió a la población estar atenta y se mostró dispuesto a llamar a consultas populares.

Incluso se mostró dispuesto a aplicar la llamada "muerte cruzada", disolver el Parlamento y convocar a elecciones presidenciales, si la oposición insiste en bloquear la aprobación de leyes que considera fundamentales para el desarrollo del país.

El petróleo es el principal producto de exportación de este país andino que, con los ingresos por sus ventas, financia alrededor del 25 por ciento del Presupuesto General del Estado. EFE