El campo argentino finaliza huelga con promesa de nuevas protestas

Buenos Aires, 23 ene (EFE).- Las cuatro mayores patronales rurales de Argentina, uno de los primeros países productores y exportadores mundiales de alimentos, finalizarán en la medianoche de hoy su novena huelga comercial en tres años contra las políticas del Gobierno hacia el sector y amenazan con renovar las protestas.

La medida de fuerza, que ha consistido en un cese de comercialización de granos por siete días, fue convocada para protestar contra las intervenciones gubernamentales en el mercado de trigo que, a juicio de las entidades agrarias, distorsionan la normal formación de precios del grano.

Además de no vender granos por una semana, las cuatro entidades, que representan a unos 290.000 agricultores, realizaron en los últimos días actos de protesta en la ciudad de Bahía Blanca, en el corazón del área productora de trigo, y en el puerto de Rosario, a las puertas de la multinacional Cargill, una de las mayores exportadoras de granos de Argentina.

Según fuentes de las patronales, el grado de acatamiento a la huelga ha sido "muy importante", aunque medios de prensa locales reportaron que en la última semana se comercializaron 800.000 toneladas de trigo en el mercado doméstico, además de 200.000 de soja y 90.000 de maíz.

"Si bien hoy termina el cese de comercialización, no termina la protesta y va a seguir hasta que recibamos por el trigo el precio que corresponde. Si vemos que el mercado no se normaliza, en quince días nos volveremos a reunir y veremos cuáles son los caminos a seguir y las medidas a adoptar", dijo hoy Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las patronales agrarias.

El Gobierno, que enfrentó en 2008 un severo conflicto con el campo por los impuestos a las exportaciones de granos, ha calificado esta huelga como una "protesta política" en el inicio de un año que estará marcado por una fuerte puja electoralista de cara a los comicios presidenciales de octubre próximo.

El Ejecutivo de Cristina Fernández ha anunciado en los últimos días la liberación para la exportación de 3 millones de toneladas de trigo de la cosecha 2010-2011 pero no ha dado señal alguna de desmontar el complejo esquema de subsidios y cupos de comercialización, tal como pretenden los productores.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anticipó hoy que "Argentina va hacia un proceso donde el Estado intervendrá cada vez más en el comercio de granos" para garantizar el abastecimiento de la demanda doméstica a precios razonables frente a la fuerte demanda internacional.

La patronales agrarias alegan que las políticas oficiales sólo benefician a grandes molinos y exportadores, que por las intervenciones gubernamentales han dejado de competir en el mercado por hacerse de trigo y fijan precios para los agricultores muy por debajo de los elevados valores internacionales.

Según un estudio de la red Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, los productores trigueros perciben un 21 por ciento menos de lo que deberían cobrar por el cereal una vez descontados los costes de transporte y el gravamen a la exportación del grano.

En defensa de la política oficial, Domínguez ha señalado que las ayudas a los productores afectados por la sequía del año pasado redundarán en una cosecha de casi 15 millones de toneladas, frente a las magras 7,5 millones de toneladas del ciclo anterior.

El ministro dijo que el Gobierno trabaja para garantizar que el productor pueda "captar" los altos precios internacionales del cereal y recordó que para ello su cartera publica los valores por los que deben guiarse los molinos y exportadores.

Las entidades rurales señalan que los compradores de trigo no respetan esos valores de referencia por lo que desde este lunes difundirán cada día el "precio justo" del cereal para que los agricultores no vendan por menos de ese valor.

Además, el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, propuso que si en los próximos días el Gobierno no atiende a los reclamos del sector, los productores paguen con granos sus deudas impositivas y bancarias con los organismos oficiales. EFE