Brasilia, 25 jun (EFE).- El Gobierno brasileño anunció hoy un
acuerdo con empresarios del sector azucarero para dignificar las
condiciones de trabajo en los cañaverales del país, que han sido
denunciadas por diversos organismos de derechos humanos.
"Esto ayudará a reducir las críticas al etanol brasileño", dijo
el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en alusión a los reparos
puestos por algunos países europeos en relación a los
biocombustibles que se producen en el país en base a la caña de
azúcar.
Durante un acto encabezado por Lula, miembros del Gobierno y
representantes de las empresas firmaron un documento en el cual se
establecen distintos acuerdos en favor de los trabajadores del
sector, que en ciertas zonas del país reciben 1,2 dólares por hora
por derrumbar, deshojar y apilar 12 toneladas de caña durante una
jornada.
El documento, sin embargo, no tiene carácter vinculante y supone
sólo un "compromiso" de las empresas, que se declaran dispuestas a
dignificar la situación de sus trabajadores, mientras que el
Gobierno se compromete a mejorar la fiscalización en todos los
cañaverales del país.
En el pacto no se establecen pisos salariales ni obligaciones
formales de ningún tipo, pero ha sido respaldado por 303 de las 403
empresas del sector que operan en el país, según el secretario
general de la Presidencia, Luiz Dulci.
El presidente de la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar
(Unica), Marcos Jank, indicó que el acuerdo también incluye el
compromiso de las empresas a "colaborar" en la formación técnica de
miles de "cañeros" que, en los últimos años, han perdido sus empleos
debido al proceso de mecanización iniciado en el corte de caña.
Asimismo, se establecen normas de seguridad e higiene, así como
otras para garantizar la salud de los trabajadores, que en las
empresas que no han mecanizado el corte están expuestos a los gases
emitidos por la quema del follaje, inevitable en los casos en que la
cosecha es manual.
Las condiciones de trabajo en los cañaverales de Brasil fueron
condenadas el año pasado en un informe difundido por Amnistía
Internacional, que las calificó de "degradantes" y pidió medidas
urgentes para mejorar la situación de los cortadores. EFE
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