San José, 30 nov (EFE).- El expresidente de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010) Óscar Arias afirmó hoy que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía en las investigaciones por la ilegalidad del otorgamiento durante su segundo mandato de una concesión a una empresa minera de capital canadiense.
"Reitero que estoy a las órdenes de todos los costarricenses, como siempre lo he estado toda mi vida", expresó Arias mediante un mensaje en la red social Facebook.
"Este es un tema que la Fiscalía ha venido indagando desde hace mucho tiempo. Si eventualmente se considera que yo pueda ayudar a esclarecer sus investigaciones, como siempre, estaré en la mejor disposición de hacerlo", agrega el exmandatario.
La Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia declaró hoy sin lugar las apelaciones de la empresa minera Industrias Infinito a una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de noviembre de 2010, la cual anuló la concesión para explotar oro a cielo abierto en la mina Las Crucitas, en la zona norte del país.
De este modo quedó en firme la sentencia del Tribunal Contencioso, la cual también anuló un decreto firmado por Arias con el que se declaró el proyecto minero como de interés público y conveniencia nacional.
"La firma de un decreto es la culminación de un proceso que abarca innumerables instancias técnicas y legales de oficinas y departamentos del Gobierno, en este caso, tanto del MINAET (Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones) como de la Casa Presidencial, cuyos funcionarios proporcionaron sus criterios técnicos y jurídicos", señala Arias.
El Tribunal Contencioso Administrativo declaró el año pasado como nulas las resoluciones del MINAET y de la Secretaría Técnica Ambiental, con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
Ese tribunal recomendó a la Fiscalía investigar a Arias y a quien fue su ministro de Ambiente, Roberto Dobles.
La Sala I es el último recurso que tenía Industrias Infinito, filial de la canadiense Infinito Gold, para apelar la sentencia en Costa Rica y ahora sólo podrá recurrir, si así lo decide, ante un arbitraje internacional para reclamar alguna indemnización.
La empresa minera inició en 1995 la exploración minera en la zona de Las Crucitas, cercana a la frontera con Nicaragua, y a su juicio, contaba con los permisos necesarios para operar, pero no pudo hacerlo debido a los múltiples recursos legales interpuestos por grupos ambientalistas.
Según la firma, que dijo hoy que analizará la sentencia para determinar las acciones a seguir, ya había invertido unos 127 millones de dólares en Costa Rica, donde esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro durante los 10 años que preveía la concesión. EFE