Buenos Aires, 7 ago (EFE).- Argentina presentó hoy una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, por considerar que las decisiones de los tribunales estadounidenses en relación a la demanda de fondos especulativos contra el país violan su soberanía, informaron fuentes oficiales.
Argentina aduce que Estados Unidos, que no reconoce la competencia de la CIJ, ha cometido una "violación de sus inmunidades soberanas" y de "la obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado", según un comunicado oficial.
"La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial", explica el texto de la Presidencia de Gobierno argentina.
El Gobierno argentino acusa a Estados Unidos de incumplir la obligación de ejercer de buena fe y conforme a derecho "las funciones judiciales que la República argentina ha aceptado en el marco exclusivo del alcance de esa aceptación".
Según el Ejecutivo de Cristina Fernández, las decisiones adoptadas por el juez neoyorquino Thomas Griesa, que falló a favor de los fondos que reclaman a Argentina por bonos impagados desde 2001, "vulneran la determinación soberana de la República Argentina de reestructurar su deuda externa".
"Dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la República Argentina y los Estados Unidos, que nuestro país somete a la Corte Internacional de Justicia para su resolución", explica el comunicado.
El Gobierno argentino apunta también que si Estados Unidos no acepta la competencia de la Corte, "la República Argentina entiende que ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo".
Argentina se encuentra enfrentada a la Justicia estadounidense por la sentencia de Griesa, ratificada por la Corte Suprema, que establece que Argentina debe pagar no solo a los tenedores de bonos sujetos a reestructuración (92,43 % de los acreedores del país) sino también y en simultáneo a los que tienen bonos no reestructurados.
Los fondos demandantes, llamados "buitres" por el Gobierno argentino, los cuales representan un 1 % de los acreedores, reclaman 1.300 millones de dólares más intereses (en total unos 1.500 millones) por deuda impagada desde 2001.
El fallo del magistrado mantiene bloqueados en un banco neoyorquino 539 millones de dólares girados desde Argentina para pagar a tenedores de bonos reestructurados,
Dicho pago fue declarado ilegal por el juez hasta que Argentina haga frente a los 1.300 millones de dólares, más intereses, que aduda a los demandantes.
El Gobierno de Cristina Fernández sostiene que no puede cumplir el fallo de Griesa porque desencadenaría un aluvión de demandas de los bonistas de deuda reestructurada, ya que una cláusula en el contrato del canje les permite reclamar si el país suramericano mejora su oferta a otros acreedores antes de 2015.
Argentina niega que se haya producido un cese de pagos, ya que el Ejecutivo depositó el dinero antes del vencimiento del plazo de gracia (el pasado 30 de julio), y acusa a Griesa de excederse en sus competencias al impedir a los acreedores cobrar lo que es suyo.