La CE investiga legalidad de los 55 millones recibidos por la francesa Trèves

Bruselas, 29 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) abrió hoy una investigación en profundidad para determinar si los 55 millones de euros recibidos por la compañía francesa de componentes de automóvil Trèves es legal.

La compañía recibió ese dinero del Fondo francés de Modernización de fabricantes de equipos automovilístico (FMEA) y ahora la CE quiere determinar si está en línea con la normativa comunitaria de ayudas de estado, explicó en un comunicado.

"Necesitamos asegurarnos de que la inversión del FMEA en una compañía en dificultades como Trèves no perjudicará a la competencia de la industria automovilística y respeta las reglas de estado de la UE", afirmó la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes.

Trèves, especializada en interiores de vehículos y aislamiento del ruido, comenzó a experimentar dificultades económicas entre 2005 y 2008, antes del comienzo de la crisis económica, aunque a continuación su situación empeoró considerablemente con el resto del sector automovilístico.

Las autoridades francesas, por su parte, crearon a principios de 2009 el FMEA, al que dotaron con 600 millones de euros -procedentes del Fondo público francés Estratégico de Inversión y de las aportaciones de Renault y Peugeot-, con el objetivo de financiar inversiones de capital riesgo.

El FMEA invirtió 55 millones de euros en Trèves, pero Francia no notificó esta operación a Bruselas debido a que este fondo depende principalmente de dos fabricantes privados de coches.

Sin embargo, tras una evaluación preliminar, la CE estima que la operación debe ser estudiada a escala comunitaria ya que implica también fondos públicos.

Asimismo, recuerda que la legislación de la UE sólo deja fuera de la consideración de "ayudas de estado" aquellas inversiones públicas realizadas como inversor privado que actúa en condiciones de mercado.

Bruselas afirma que la limitada información que posee sobre la inversión en Trèves indica que se produjo en el contexto de un plan de reestructuración de la compañía que incluye importantes contribuciones propias.

La Comisión deberá estudiar en profundidad ahora todos los elementos de la inversión para determinar si se ajusta al Derecho comunitario. EFE