La Paz, 18 jul (EFE).- El Gobierno de Bolivia advirtió hoy que
podría romper su contrato con la minera canadiense Atlas Precious
Metals si la compañía no se pronuncia sobre su permanencia y falta
de inversión en una fundición de metales en el sur del país.
El ministro boliviano de Minería, José Pimentel, dijo en una
entrevista a los medios estatales que su país optará por la mejor
decisión para que el Gobierno siga en su proceso de
industrialización de sus recursos naturales.
"Si no existe un pronunciamiento de parte de la empresa (Atlas)
romperemos el contrato y encontraremos la mejor opción para poner en
funcionamiento una planta que el pueblo boliviano la recibió en 1985
de un consorcio alemán y que hasta la fecha no entró en
funcionamiento debido a las políticas neoliberales", aseguró.
Sin embargo, el ministro explicó que esperarán una respuesta de
la firma canadiense para que decidan si "quieren o no continuar con
las operaciones para las que se comprometió".
El Estado boliviano cobró el mes pasado una garantía de 850.000
dólares de la minera canadiense debido a que, según el Gobierno, no
hubo avances en el proyecto y la inversión de 80 millones de dólares
prometida para reactivar el complejo metalúrgico de Karachipampa, en
el departamento de Potosí (suroeste), apenas llegó a dos millones.
La planta fue construida en 1985 para procesar plomo y plata con
créditos alemanes y belgas por 200 millones de dólares, pero nunca
llegó a funcionar porque se necesitaba un nivel de producción de
esos dos minerales que no existía en Bolivia.
Atlas, que también tiene socios estadounidenses, se comprometió
en 2009 a realizar una inversión en el complejo metalúrgico para que
funcione una fundición de plomo y plata, una refinería de zinc y una
planta de producción de ácido sulfúrico.
La firma canadiense replicó a las acusaciones bolivianas que sus
inversiones no avanzaron por un problema con indígenas de la zona
para adquirir terrenos, y decidió demandar a la estatal Corporación
Minera de Bolivia (Comibol) ante el centro de arbitrajes de la
Cámara Nacional de Comercio (CNC) del país.
La pasada semana, el asesor jurídico de Atlas, Alejandro Guerra,
declaró que la compañía tiene la intención de alcanzar una "solución
amigable" por la controversia de sus inversiones. EFE