Lima, 24 sep (EFE).- El Congreso peruano aprobó hoy prorrogar por
30 meses el plazo para que la empresa minera Doe Run culmine su
programa de adecuación ambiental, extensión que exigían los
trabajadores para detener sus protestas de los últimos días.
El proyecto de ley que prorroga el plazo para que la minera
complete su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) fue
aprobado por 85 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones,
luego de un debate de más de dos horas.
El dictamen fue propuesto por el Ejecutivo y ayer fue aprobado
por la comisión de Energía y Minas del Parlamento peruano, que
introdujo una sola modificación al texto original: que los 30 meses
de plazo tengan carácter improrrogable.
En ese plazo, Doe Run debe culminar la construcción de la planta
de tratamiento de ácido sulfúrico de cobre, que junto a otra de
tratamiento del circuito de plomo terminada el año pasado, busca
reducir a la mitad la emisión de monóxido de carbono de la fundición
metalúrgica que opera en la ciudad de La Oroya.
Por ambas plantas de tratamiento, Doe Run fijó una inversión de
400 millones de dólares, monto del cual restaría invertir poco menos
de 100 millones de dólares.
La ley, que declara de necesidad pública e interés social la
descontaminación de la ciudad de La Oroya, una de las más
contaminadas del planeta según estudios internacionales, otorga un
plazo de 10 meses para buscar la financiación del PAMA y otros 20
para su implementación.
El texto agrega que Doe Run, empresa de capital estadounidense,
debe presentar las garantías que respalden el cumplimiento íntegro
de los plazos fijados.
La minera opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en la región
de Junín, desde 1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde
1998, y produce plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de
subproductos como el ácido sulfúrico y el indio.
A raíz de la crisis financiera mundial, Doe Run redujo sus
operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes,
después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos
extranjeros.
El malestar de los trabajadores de la minera aumentó después de
que el Ejecutivo peruano decidió el 16 de septiembre pasado extender
a 20 meses el plazo para que Doe Run amplíe su PAMA, que vencía el
próximo mes.
Las protestas de los trabajadores se intensificaron el pasado
martes, dando inicio a una huelga con cortes de carretera que derivó
en enfrentamientos con la policía.
Un efectivo policial resultó muerto como consecuencia de los
enfrentamientos, mientras que otros tres resultaron heridos y se
efectuaron varias detenciones de trabajadores.
El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, culpó ayer a los
directivos de la minera de instigar a sus trabajadores a protestar,
por lo que anunció que el Ejecutivo denunciará penalmente al gerente
general, Juan Carlos Huyhua, como "autor mediato" de la muerte del
policía.
Aunque la empresa y los trabajadores exigían que el plazo fuera
ampliado a 36 meses, los líderes sindicales se comprometieron ayer a
parar toda medida de fuerza si el pleno de congresistas aprobaba hoy
la extensión de 30 meses.
Las labores en la minera permanecen paralizadas desde junio luego
de que los bancos le cortaran un crédito vital para sus operaciones,
pero sus trabajadores reciben el 63 por ciento de sus sueldos por un
acuerdo con la compañía. EFE