La Poste se convertirá en sociedad anónima de capital público en 2010

París, 29 jul (EFE).- La Poste, la empresa estatal de correos, se convertirá en sociedad anónima de capital público el próximo 1 de enero, según los planes del Gobierno francés, que justifica la medida por la apertura del sector a la competencia en Europa y niega la acusación de que el objetivo es una ulterior privatización.

El Consejo de Ministros, el último antes de las vacaciones de verano, adoptó hoy un proyecto de ley de reforma del estatuto de La Poste y destacó que ese cambio de estatuto permitirá que el Estado y su brazo financiero, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) suscriban una ampliación de capital de 2.700 millones de euros.

En su comunicado, el Ejecutivo subrayó que la proposición legislativa fija las cuatro misiones de servicio público de La Poste, "en particular la presencia total territorial, cuya financiación queda asegurada" por un fondo nacional.

También puso el acento en que el texto da "garantías" al personal de la empresa, funcionarios o personal de derecho privado, que "conservarán su estatuto y el conjunto de los derechos que van con él".

El Gobierno recordó que esta reforma transpone la directiva europea sobre la liberalización total del mercado postal en la UE a partir de enero de 2011.

A ese respecto, indicó que la liberalización supondrá "la emergencia de operadores postales poderosos, armados de ambiciones internacionales".

Igualmente, señaló que La Poste "debe adaptarse al desarrollo de internet y a las técnicas de des-materialización".

El presidente de la empresa, Jean-Paul Bailly, ha justificado la reforma para "crear las condiciones del desarrollo" antes de esa liberalización, y ha subrayado que permitirá aumentar la productividad y, en consecuencia, proponer tarifas más ventajosas para los clientes.

El Ejecutivo insistió en que la mitad de los 299.000 empleados de La Poste que son funcionarios lo seguirán siendo, pero los sindicatos han mostrado su temor de que el paso dado hoy significará que los nuevos trabajadores no podrán acceder a ese estatuto y todos ellos tendrán un contrato de derecho privado.

Los sindicatos, que se oponen de forma unánime a la reforma, consideran que el nuevo estatuto va a acelerar la reducción de la plantilla, que ya perdió 10.000 personas el pasado año y debe ver disminuidos sus efectivos en otras 9.000 este ejercicio. EFE