Bogotá, 29 jul (EFE).- El hallazgo de armas de procedencia
venezolana en poder de las FARC sigue distanciando a los Gobiernos
de Colombia y Venezuela, que hoy discreparon en torno a si el
primero informó al segundo de los hechos antes de "salir a acusar".
Un día después del que el presidente venezolano, Hugo Chávez,
anunciase la congelación de las relaciones diplomáticas y
comerciales con Colombia, su vicepresidente, Ramón Carrizales, dijo
que "lo correcto y lo sano" hubiera sido que el Gobierno colombiano
"informara" para que se activasen los mecanismos correspondientes.
Casi al mismo tiempo, un comunicado oficial colombiano señalaba
que el canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, le entregó el pasado 2
de junio a su colega venezolano, Nicolás Maduro, un documento en el
cual "se evidencia" que las FARC poseían tres lanzacohetes
pertenecientes a un lote vendido por Suecia a Venezuela en 1988.
El Gobierno sueco confirmó ayer por los números de serie que los
lanzacohetes incautados en octubre de 2008 a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron vendidos a Venezuela, y le
pidió explicaciones a la administración de ese país acerca de cómo
fueron a parar a ese grupo considerado "terrorista" por la Unión
Europea.
La divulgación ahora de una incautación que data de octubre de
2008 ha servido de detonante a una crisis que se incubaba desde que
este mes se conoció la negociación en curso para que EE.UU. use
bases militares en Colombia, tras la no renovación del contrato que
tenía para operar la de Manta (Ecuador).
Carrizales negó hoy que el Gobierno venezolano suministre
armamento a grupos irregulares colombianos, aunque aseveró que
actuará "sin contemplaciones" si descubre que "alguien" dentro o
fuera de la Fuerza Armada Nacional lo ha hecho.
"Si descubrimos que alguien está traficando de alguna manera o
tiene relación de alguna manera" con irregulares colombianos, "pues
nosotros actuaremos. No tenemos compromisos ni contemplación con
alguien que infrinja la ley", declaró el vicepresidente venezolano.
También tachó al Gobierno de Colombia de "cínico" y "caradura"
por acusar al venezolano por un armamento que a causa del conflicto
interno colombiano se ha "extraviado" en la frontera.
En Costa Rica, donde el mandatario colombiano, Álvaro Uribe,
participa en la Cumbre de Tuxla, su secretario de prensa, César
Mauricio Velázquez, leyó una declaración de diez puntos que, según
dijo, por ahora va a ser el único comentario oficial respecto al
roce con Venezuela.
Según la declaración, Bermúdez entregó también a Maduro
"información documental en la cual dos cabecillas de ese grupo
terrorista de las FARC mencionan la colaboración por parte de tres
altos funcionarios del Gobierno venezolano en la entrega de
lanzacohetes de características similares a los que posteriormente
fueron incautados por la fuerza pública colombiana".
El Gobierno colombiano aseguró que transmitió a Venezuela esta
información "de manera discreta con el propósito de obtener una
aclaración" por parte de la administración de Chávez, pero hasta
ahora "no ha dado respuesta alguna".
La declaración oficial también advierte que el Gobierno
colombiano ha recibido información de que las FARC están tratando de
obtener "misiles tierra-aire a través de traficantes internacionales
de armas de otros países".
Chávez advirtió ayer, cuando ordenó el "retiro" del embajador
venezolano en Colombia, Gustavo Márquez, y congeló las relaciones
comerciales, que romperá definitivamente los lazos con Colombia si
hay una "próxima declaración verbal" del Gobierno de Uribe que
signifique una "nueva agresión".
El secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), José Miguel Insulza, quien también participa en la Cumbre de
Tuxtla, pidió al presidente Chávez que no aplique medidas contra
Colombia y recurra al diálogo para resolver las diferencias.
Según Carrizales, "por ahora" el Gobierno venezolano no ha
dictado instrucción para cerrar la frontera" común, de 2.219
kilómetros, ni el "tránsito de mercancías", pero se "está estudiando
todo: el comercio y las empresas" colombianas instaladas en
Venezuela.
Omar Barboza, presidente del opositor partido venezolano Un Nuevo
Tiempo, dijo hoy que Chávez, "en vez de dar una explicación creíble
o abrir una investigación seria", optó por decisiones que "agravan
la sospecha" de que colabora con la guerrilla colombiana.
"Los pueblos de Venezuela y Colombia son quienes sufren las
consecuencias del manejo irresponsable de la política internacional
de nuestro Gobierno, que en este caso afecta las relaciones
económicas y de todo tipo entre dos pueblos hermanos", señaló.
"Es un trapo rojo" que ha lanzado el gobernante "para que no nos
ocupemos de los problemas del país", opinó el diputado Juan José
Molina, del opositor Partido Podemos (PP).
En Colombia, el ex mandatario Ernesto Samper consideró hoy que se
debe llamar a consultas a la embajadora en Venezuela, María Luisa
Chiappe, mientras se superan las dificultades entre los dos países.
Para Samper, la actual crisis que hay entre Colombia con sus
vecinos Ecuador y Venezuela se debe a que la política de defensa
"absorbió la política internacional".
"Lo que ha incendiado las relaciones con Venezuela nuevamente es
el tema inconsulto, internamente también, del establecimiento de
unas bases militares que Venezuela (...) considera como una amenaza
para su propia estabilidad", dijo.
Los exportadores colombianos estimaron hoy que sus ventas a
Venezuela caerán este año más de un 10%, debido a las recurrentes
tensiones entre ambos países y especialmente a la decisión del
Gobierno de Chávez de congelar el comercio bilateral.
Según cifras oficiales, el comercio bilateral superó el año
pasado los 7.000 millones de dólares, con una balanza ampliamente
favorable a Colombia. EFE