Bruselas, 9 jun (EFE).- La Organización Europea de Operadores de
Telecomunicaciones (ETNO) pidió hoy a los ministros europeos que se
reunirán el jueves en Luxemburgo que se centren en lograr un acuerdo
con la Eurocámara sobre el derecho de acceso a internet, punto que
bloquea el nuevo marco normativo de este sector.
ETNO solicitó a los países en un comunicado que "no creen más
incertidumbre" reabriendo elementos de la regulación sobre la que ya
han llegado a un acuerdo y se aseguren de cerrar una posición común
sobre el "único asunto pendiente".
El Parlamento Europeo (PE) aprobó el mes pasado una enmienda en
el nuevo marco de regulación de las telecomunicaciones que exige una
orden judicial para cortar el acceso a internet a un usuario.
Al no formar parte esa enmienda de la posición común alcanzada
entre el PE y los países de la UE, la aprobación de la totalidad del
marco legislativo quedó bloqueado.
El proyecto normativo deberá con toda probabilidad ser examinado
en otoño por el "comité de conciliación", un proceso en el que
representantes de la Eurocámara y el Consejo negocian un acuerdo.
El director de ETNO, Michael Bartholomew, señaló en la nota que
la falta de un acuerdo final sobre esa legislación agrega
"incertidumbre" a un sector que "ha sido ampliamente reconocido como
un factor clave para la recuperación económica".
Para los principales operadores europeos, la "principal
prioridad" es que la revisión de la legislación comunitaria sobre
las telecomunicaciones cree las "condiciones apropiadas" para llevar
a cabo las "arriesgadas" inversiones necesarias -estimadas en
300.000 millones de euros- para desplegar las redes de nueva
generación de internet.
A su juicio, el desarrollo de estas nuevas líneas es "esencial"
para la recuperación de la economía europea, ya que, según sus
cálculos, su creación podría generar dos millones de puestos de
trabajo y 900.000 millones de crecimiento del PIB.
Por otra parte, ETNO sí que reconoció que, finalmente, el texto
legislativo sí que incluya diferentes medidas para "incentivar" esas
inversiones "de riesgo".
Sin embargo, volvió a hacer hincapié en que la llamada
"separación funcional", una de las medidas que incluye la normativa
para fomentar la competencia, no proporciona "evidencias claras" de
sus beneficios, da una "señal equivocada" a los inversonres y "no es
apropiada" en los mercados "muy competitivos" de hoy.
Esa medida prevé, en concreto, que un regulador nacional pueda
pedir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red
de su negocio de servicios para fomentar la competencia, una medida
que podría aplicarse únicamente de forma "excepcional". EFE