Lima, 23 jun (EFE).- Las medidas aplicadas por el Estado peruano
para hacer frente a la crisis financiera mundial agudizan la
desigualdad y no garantizan el desarrollo para los más excluidos,
según el reporte anual de Oxfam Internacional sobre la situación
económica y social del país difundido hoy en Lima.
En su informe anual sobre pobreza, desigualdad y desarrollo
2008-2009, la organización no gubernamental analiza las causas
estructurales de estos problemas a través de los aportes de diez
expertos del país.
Entre estos figuran los economistas Óscar Ugarteche, Pedro
Francke y Humberto Campodónico, así como el ex presidente de la
Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, la presidenta de la ONG
Transparencia, Pepi Patrón y el historiador Nelson Manrique.
"La pobreza y la desigualdad son, desde el punto de vista de
Oxfam Internacional, dos de los principales problemas que el Perú
enfrenta en su camino hacia el desarrollo y el fortalecimiento de la
democracia", subrayó el coordinador de Oxfam, Frank Boeren.
El economista Ugarteche señala que Perú, a pesar de estar en
mejor situación para afrontar la crisis financiera, no cuenta con
una verdadera política contracíclica que distribuya mejor los
recursos.
Afirmó, además, que el país, a diferencia de Bolivia, Venezuela,
Brasil y Argentina, no apuesta por políticas distributivas para
contrapesar la caída de la demanda externa, a partir de los ingresos
tributarios, y así reactivar la economía interna, sobre todo para
los más vulnerables.
Por su lado, Francke subrayó que para sacar al país de la pobreza
sólo en base al crecimiento económico del Producto Interior Bruto
(PIB), que el año pasado fue de 9,8 por ciento, necesitaría más de
80 años de expansión por encima de los cinco puntos porcentuales y
con índices de inflación menores al 2 por ciento.
Campodónico sostuvo que Perú creció en los últimos ocho años a
tasas aceleradas, pero los salarios se estancaron a la vez que las
utilidades de las empresas crecieron por encima de las ganancias de
las 500 compañías más rentables del mundo.
Acotó que en 2002 los salarios suponían el 25 por ciento del PIB
y en 2007, en pleno proceso de expansión, se redujeron al 21,9 por
ciento.
El reporte también hace mención al conflicto entre el Gobierno
peruano y las comunidades amazónicas por una serie de decretos
legislativos, que se saldó con la muerte de 24 policías y diez
civiles el pasado 5 de junio.
La presidenta de Transparencia, Pepi Patrón, indicó que el
conflicto amazónico no sólo es un problema ecológico sino
relacionado con la exclusión económica, social, cultural y política,
además de la falta de mecanismos para que las comunidades nativas
expresen sus necesidades.
Para el historiador Nelson Manrique, la exclusión de los
indígenas se mantiene desde hace 187 años y los conflictos entre el
Estado y esas comunidades persisten como en las épocas coloniales.
EFE