Por Tom Hals
WILMINGTON, DELAWARE, 29 jun (Reuters) - Una polémica demanda estadounidense para prohibir la píldora abortiva "mifepristona" se ha centrado en la seguridad y el proceso de aprobación del fármaco. Pero el resultado puede depender en última instancia de una cuestión diferente: si Ingrid Skop, una médica antiabortista de Texas, junto a otros médicos que están detrás de la demanda pueden justificar su derecho a demandar en primer lugar.
Ello se debe al concepto jurídico conocido como legitimación activa, según el cual los demandantes deben haber sufrido un daño o enfrentarse a un perjuicio inminente atribuible al demandado, en este caso, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que aprobó la píldora en 2000.
La cuestión del derecho al aborto en Estados Unidos, que suscita profundas divisiones, ha vuelto a ser el foco de atención del país desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos el año pasado la histórica sentencia Roe contra Wade, de 1973, que había legalizado el procedimiento en todo el país. Desde entonces, 14 estados han promulgado prohibiciones casi totales del aborto.
Skop y otros 10 médicos presentaron su testimonio cuando se inició el caso en noviembre. Skop declaró que la FDA le había perjudicado al ampliar el acceso a la píldora porque había atendido a docenas de mujeres en el servicio de urgencias de su hospital con complicaciones derivadas de la mifepristona.
Skop dijo que eso desviaba su atención de su práctica principal de atender a las parturientas. También dijo que podría verse obligada a practicar un aborto electivo, lo que violaría sus derechos de conciencia, que protegen a los médicos de ser obligados a prestar una atención a la que se oponen moralmente.
Algunos juristas afirman que el razonamiento de Skop, y de los demás médicos que han presentado la demanda, no cumple los requisitos de legitimación activa porque la relación entre la aprobación de la píldora por la FDA y el supuesto daño es demasiado remota.
Si los tribunales adoptaran el argumento de los demandantes, los médicos de urgencias podrían demandar casi cualquier normativa que afectara a su carga de trabajo, desde la supervisión de las armas hasta el alcohol y los conductores adolescentes.
"Los demandantes no han estado cerca de demostrar su legitimación", dijo Leah Litman, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, que no está implicada en el caso. "Yo esperaría que acabara siendo un factor importante en cómo se decida este caso".
Erin Hawley, abogada de la organización jurídica Alliance Defending Freedom, que representa a los demandantes, dijo que el aborto distingue el caso.
"Se está exigiendo a los médicos que, en situaciones de emergencia, atiendan a las mujeres, con el resultado de que se sienten cómplices de quitar la vida a un niño no nacido, sin ninguna razón médica", dijo Hawley.
La FDA declinó hacer comentarios.
Durante los alegatos orales de mayo, la FDA instó a un panel de tres jueces de un tribunal federal de apelaciones a desestimar el caso por falta de legitimación, sin considerar el fondo.
El fallo podría producirse en cualquier momento y, según los juristas, es probable que el caso acabe llegando al Tribunal Supremo.
(Reporte de Tom Hals en Wilmington, Delaware; edición de Amy Stevens y Deepa Babington, editado en español por José Muñoz)