San Juan, 22 may (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, asegura que no tiene intención de cerrar el Gobierno para pagar a los "fondos buitre" que le han demandado por la moratoria decretada en la devolución de la deuda.
Según el mandatario, el "pequeño grupo" de fondos que el viernes enmendó ante la Justicia federal una demanda previa contra la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera aprobada por el Gobierno de la isla -y que fue declarada inconstitucional por los tribunales federales- "busca entorpecer la prestación de servicios que los puertorriqueños reciben del Gobierno".
"Esto afectará la capacidad del Estado Libre Asociado de tener policías en las calles, maestros en las escuelas y enfermeras en los hospitales", advierte en unas declaraciones escritas en respuesta a la demanda interpuesta por cinco fondos titulares de 900 millones de dólares en bonos emitidos por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), brazo financiero del Gobierno, que en total acumula una deuda de 3.750 millones.
El pasado 1 de mayo, el BGF protagonizó el primer impago masivo de deuda pública de la isla, al no poder afrontar el vencimiento de 423 millones de dólares, y ofreció a sus acreedores un trato para reestructurar la deuda y recuperar cerca de la mitad de lo invertido.
La demanda busca que se le prohíba al Estado Libre Asociado usar los poderes legales que se le confieren a través de la Ley de Moratoria -cuya declaración de inconstitucionalidad ha sido recurrida por el Gobierno- que aprobó recientemente para dar prioridad al pago de los servicios públicos esenciales ante la devolución de la deuda financiera.
"El Estado Libre Asociado se ha quedado sin opciones ya que el Congreso excluyó a Puerto Rico del Código de Quiebras en 1984, sin explicación alguna, y las cortes federales han impedido intentos anteriores de legislar herramientas para reestructurar la deuda", afirma García Padilla.
Si el Gobierno boricua no puede proceder con su intención de reestructurar la deuda de una manera organizada a través de una declaración de quiebra, el mandatario explica que "sobrevendrán litigios caóticos y los tribunales podrían arrebatarnos el control de los limitados recursos del Gobierno para hacerlos disponibles a los intereses de los fondos de Wall Street".
"Por años hemos luchado contra la crisis fiscal y de liquidez que se desarrolló durante décadas y que es el resultado de políticas fiscales irresponsables del pasado y de prestamistas sin escrúpulos", recuerda.
En esa "pelea" el gobernador asegura que siempre ha tenido claro que "nuestra prioridad es continuar proveyendo los servicios esenciales a los puertorriqueños".
"No vamos a cerrar el Gobierno para pagarle una ganancia considerable a los fondos buitre, quienes compraron sus bonos a grandes descuentos luego de que comenzó la crisis", sentencia García Padilla, que recuerda que lleva meses solicitando al Congreso de EEUU que le provea las herramientas necesarias para reestructurar la deuda, al tiempo que se han intercambiado varias ofertas con los acreedores.
"Hasta este momento, los puertorriqueños hemos cargado muy injustamente con las cargas más pesadas, incluyendo aumentos en las tarifas de los servicios básicos, reducciones de servicios y otros aumentos de impuestos", afirma.
De hecho, sostiene que "la economía de la isla no sobrevivirá medidas de austeridad adicionales y ciertamente no sobrevivirá que el Estado Libre Asociado tenga que cerrar con el fin de pagar miles de millones de dólares en vencimientos de bonos este año".
"Defenderemos vigorosamente nuestras limitadas herramientas legales y no toleraremos ser colocados en una camisa de fuerza a nivel legal", promete el mandatario.
Los tenedores han reconocido en un comunicado que la isla afronta desafíos considerables y aseguran que, pese a la demanda, están dispuestos a "seguir trabajando" con el BGF como llevan haciendo desde hace un año, para lograr una reestructuración "justa, equitativa y mutuamente beneficiosa".
Hace unas semanas la aseguradora de bonos Ambac también registró una demanda impugnando la decisión del Gobierno local de "adjudicarse" ingresos que legalmente han de respaldar ciertos bonos para poder pagar la prestación de servicios esenciales y otras deudas prioritarias para el Ejecutivo.
Ambac concretamente solicitó la formación de un síndico que gestionara los recursos obtenidos por la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, para que el Gobierno no pueda extraer de ahí fondos para pagar otras deudas.