Buenos Aires, 29 feb (EFE).- El Gobierno de Argentina dijo hoy que confía en que el Parlamento apruebe las leyes necesarias para cumplir con el acuerdo con grandes fondos de inversión acreedores anunciado este lunes y poner fin a las consecuencias del millonario cese de pagos declarado hace catorce años.
"Esta semana vamos a llevar al Congreso un proyecto de ley que nos permita ejecutar los acuerdos que hemos ido firmando con los distintos acreedores", dijo en rueda de prensa el ministro de Hacienda argentino, Alfonso Prat-Gay.
Argentina alcanzó en las últimas horas un principio de acuerdo con los acreedores que representan el 85 % de la deuda reclamada por fondos de inversión que hace una década llevaron a juicio al país suramericano en tribunales de Nueva York por bonos en mora desde finales de 2001 y que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
El acuerdo, que implica una reducción del 25 % en promedio sobre el monto que el juez neoyorquino Thomas Griesa condenó a Argentina a pagar a los litigantes, debe ser aprobado primero por el Congreso, que además deberá derogar las leyes cerrojo y de pago soberano que mantienen cerrados los canjes de 2005 y 2010.
Para lograr la aprobación parlamentaria, el oficialismo, que no posee mayoría absoluta en el Congreso, necesita de aliados y para ello ya ha iniciado conversaciones con la oposición, en las que, según Prat-Gay, se vislumbra que "hay un entendimiento" de que el litigio debe resolverse.
"Hay una fracción muy grande de la oposición que entiende que esto no es una cuestión de ideología sino de gestión", dijo el ministro, quien vaticinó que la discusión "va a ser madura".
Una vez logrado el visto bueno parlamentario, Argentina hará una emisión a principios de abril de dos o tres tipos de bonos de largo plazo en el mercado internacional para, con lo recaudado de esa colocación, pagar a los acreedores.
"Vamos a emitir bonos para pagar esta sentencia, no vamos a usar reservas del Banco Central, el pago es en efectivo pero no sale de efectivo de las reservas", aseguró Prat-Gay.
El pago a los litigantes, entre los que se encuentran los fondos Elliot (), Dart (EM Limited), Aurelius, Blue Angel y Olifant (Bracebridge), será por 4.653 millones de dólares, incluyendo costas legales, y se deberá cancelar antes del mediodía del 14 de abril, o de lo contrario se dará por caído en acuerdo anunciado hoy, aunque es posible negociar una prórroga.
El Gobierno argentino prevé que la colocación de nueva deuda será por hasta 15.000 millones de dólares, aunque el monto de la subasta de abril dependerá de si para entonces los acreedores alcanzados por el fallo de Griesa que aun no prestaron su consentimiento se suman finalmente al acuerdo anunciado hoy.
Además, hay otro grupo de acreedores con bonos en mora pero no incluidos en el juicio en Nueva York, principalmente bonistas italianos, a los que Argentina ya acordó pagar en efectivo 3.600 millones de dólares.
Prat-Gay consideró que la negociación ha sido "extraordinaria" porque la otra parte "tenía todo para pagar", pero Argentina negoció con "firmeza".
Con el visto bueno del Congreso y el pago a los acreedores, la Justicia de Estados Unidos levantará la medida cautelar por la que Argentina fue declarada en desacato por negarse a cumplir con el fallo de Griesa y se bloquearon los pagos que el país debía hacer a los tenedores de deuda reestructurada, lo que hizo caer a la nación suramericana en un cese de pagos selectivo.
Con una "normalización" en los pagos -Argentina debe unos 3.000 millones de dólares a los acreedores de deuda reestructurada-, el país podrá volver a acudir con fluidez a los mercados para financiar sus gastos en una economía con estancamiento y alta inflación.
"Este acuerdo nos pone en la línea de largada para el crecimiento. (...) No hay países que crezcan sin crédito. Y lo que estamos tratando de hacer es justamente recuperar el crédito, que nos crean, recuperar la confianza", señaló Prat-Gay.
El ministro explicó que Argentina necesita fondos para financiar proyectos de infraestructura y para bajar en forma gradual el déficit fiscal y advirtió que, sin acceso al crédito, se debería aplicar un "ajuste salvaje" del gasto público.