Madrid, 1 may (.).- La ley de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas entra en vigor este lunes con el respaldo global de los expertos pero con dudas sobre algunos aspectos como las llamadas acciones de lealtad y el fin de la obligación de presentar resultados trimestrales.
La Ley , que modifica varias normas financieras, entre ellas la Ley de Sociedades de Capital, establece mecanismos para identificar a los accionistas últimos de las empresas, aumenta la transparencia de las operaciones vinculadas para evitar conflictos de interés y regula por primera vez la figura de los asesores de voto ("proxy advisors").
La norma, que traspone una Directiva europea, fue aprobada en julio por el Consejo de Ministros y durante el mes de marzo recibió el visto bueno del Congreso y del Senado.
La introducción de las acciones de lealtad, que otorgan un derecho de voto doble a los accionistas con una antigüedad de al menos dos años, ha sido uno de los aspectos que más interés ha generado.
En una intervención reciente, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, calificó de "muy positiva" la incorporación de esta figura a la normativa española, pero puntualizó que resultaría "preocupante" que las empresas cotizadas adoptaran esa fórmula "en masa".
Buenaventura explicó que los inversores extranjeros se sorprenderían si algo así ocurriera y recalcó que "la igualdad de derechos políticos debe regir en la inmensa mayoría de los casos".
Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas&Cusí, señala que, "en general, es bueno primar la lealtad", pero apunta que la posibilidad de dar el doble de derechos políticos a los accionistas comprometidos "tiene sus riesgos".
"Muchos de los accionistas comprometidos son grandes fondos de inversión que, de pronto, pasarían a controlar las empresas sin tener que hacer desembolsos", explica.
"Quebraría el principio básico del capitalismo de 'una acción-un voto', se trate de un accionista de último minuto o de hace años", recalca.
Jesús Reglero, profesor de la OBS Business School y socio de RS Corporate Finance, pone el acento en los efectos positivos de las acciones de lealtad. A su juicio, esta figura permitirá a las empresas premiar a los accionistas "que inviertan a más largo plazo" frente a aquellos que "buscan solo un objetivo a corto plazo".
Otro aspecto controvertido de la ley es que las empresas cotizadas dejarán de estar obligadas a comunicar sus resultados trimestrales a la CNMV. En este caso, la nueva norma suprime el artículo 120 de la Ley del Mercado de Valores.
"Es lo que dice la Directiva europea, pero no creo que sea una buena idea", asegura Juan Ignacio Navas. "Me parece que debemos avanzar hacia una mayor rendición de cuentas, no hacia menos", subraya.
El socio-director de Navas&Cusí espera que "muchas empresas desoigan esta potestad" porque, en su opinión, "para el mercado y para las mismas compañías es muy bueno tener que rendir cuentas cada tres meses".
En cualquier caso, el juicio global de la norma es positivo. "Es una modernización de nuestro andamiaje jurídico del derecho societario que da más transparencia y seguridad al mercado", afirma Navas.
Para Reglero, estos cambios legislativos aumentarán la transparencia de las sociedades cotizadas y "alinearán los intereses de los tres órganos de decisión de las empresas: las juntas de accionistas, los consejos de administración y los equipos directivos".
Ramón Hernández, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), cita entre los aspectos positivos de la nueva normativa el derecho de las empresas a conocer quienes son sus accionistas últimos.
"Ésta es una reivindicación antigua de las empresas en las que existe presencia de accionistas extranjeros, que normalmente tienen sus participaciones a través de una cadena de intermediarios financieros o de entidades custodias", explica.
De hecho, Bolsas y Mercados Españoles (MC:BME) pondrá en marcha en junio un nuevo servicio de identificación de accionistas y beneficiarios últimos para facilitar la labor a las empresas.
Otro punto positivo es, según Hernández, la regulación de las operaciones vinculadas, que incluye "de forma expresa" las que se realizan "intragrupo".
"Son muy positivos los controles y la transparencia sobre las operaciones vinculadas significativas de los accionistas mayoritarios", coincide Juan Ignacio Navas.
Aunque su juicio global sobre la norma es positivo, Reglero advierte de que puede generar un exceso de burocracia. "Para que las ventajas sean mayores que los inconvenientes se tendrá que garantizar que las labores de cumplimiento de los organismos reguladores y de la Administración sean algo razonable", concluye.
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