Madrid, 17 mar (.).- La sindicatura de accionistas AbengoaShares, mayoritarios en Abengoa (MC:ABGek), considera si el Gobierno concede el rescate público de 249 millones de euros recién solicitado por la dirección de la empresa estará legitimando "una operación diseñada para entregar Abengoa a un fondo buitre americano".
La compañía ha comunicado hoy un nuevo plan de reestructuración para tratar de superar sus dificultades financieras que implica además de la solicitud del citado rescate a la SEPI y de ayudas del ICO y CESCE por más de 400 millones, la entrada en su capital del fondo TerraMar, con un préstamo de 150 millones y una aportación de capital de 50 millones.
Con esa operación, el fondo estadounidense TerraMar terminaría controlando el 70 % de Abenewco 1, la filial a la que se han traspasado los activos más valiosos y la actividad de la maltrecha matriz, que el pasado 22 de febrero solicitó el preconcurso de acreedores.
"El nuevo plan de refinanciación pretende entregar Abenewco1 a un fondo buitre extranjero utilizando dinero público", defiende la citada sindicatura de accionistas críticos con la actual dirección y que aseguran representar el 17 % del capital de Abengoa.
En un comunicado añade que el consejo de administración de Abengoa "trata de implicar al Gobierno para legitimar una trama diseñada para quebrar la empresa desde dentro" y asegura que "la ejecución del plan dispararía automáticamente nuevos procesos judiciales desde diversos frentes".
Aunque el actual consejo de administración aduce que la opción de TerraMar es la única posible, este grupo de accionistas asegura contar con un plan alternativo y viable, que implica la aportación de capital por su parte por hasta 30 millones.
"Si el Gobierno legitima el proceso con nuevas ayudas, hasta mil millones de euros de dinero público estarían en riesgo (...), 500 millones ya prestados, y los 549 requeridos por el nuevo plan", advierte AbengoaShares, que teme que su participación en la empresa se diluya totalmente y que la empresa sevillana pase "a manos de acreedores extranjeros, cubiertos por sociedades pantalla".
A su juicio, trabajadores y sindicatos deberían oponerse frontalmente al plan, que "implica el beneplácito del Gobierno mediante la concesión de préstamos ICO, CESCE y SEPI para consumar presuntos delitos", entre ellos "concurso de acreedores culpable, alzamiento de bienes y agravamiento de la insolvencia".