Madrid, 11 feb (.).- La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) ha presentado sus propuestas para la futura reforma de la Ley Concursal, entre ellas la agilización de los procesos concursales, una mayor flexibilidad en la liquidación y la supresión de la fase de calificación.
En una nota de prensa, la asociación también pide que los administradores concursales asuman "la totalidad" de estos procedimientos, al tiempo que insiste en que se apueste por la "profesionalización" del colectivo y se implante un estatuto y un examen de acceso a la profesión.
Con sus propuestas, Aspac "quiere aportar su conocimiento y experiencia" de cara a la transposición de la directiva europea de insolvencia -cuyo plazo expira el próximo 17 de julio-, que modificará el Texto Refundido de la Ley Concursal, en vigor desde el pasado septiembre.
A tenor de sus conclusiones, los procesos concursales en España afectan a empresas de pequeña dimensión, y presentan unos niveles de eficiencia muy reducidos, un aspecto a solventar ya que disponer de un adecuado sistema de resolución de la insolvencia hará que los bancos "tengan mayores incentivos a otorgar créditos".
Para Aspac, la "ineficiencia" más relevante es la "tardía presentación de los concursos", no en vano las empresas acuden a esta vía "cuando se encuentran muy próximas a su defunción, sin margen de maniobra y sumamente endeudadas", lo que ayuda a que el 95 % de los procedimientos acaben en liquidación.
Sin embargo, esta tendencia no es consecuencia exclusiva de la regulación, advierte la asociación, que reconoce que aunque los concursos deben "agilizarse, adaptarse aún más a los tiempos actuales", tampoco se debe "criminalizar un marco normativo que, en su conjunto, es muy válido".
La propuesta, a la que ha tenido acceso Efe, considera que determinadas tareas deben recaer en la propia administración concursal, lo que beneficiaría a unos juzgados con "sobrecarga de trabajo".
Y es que "el atasco de los juzgados de lo Mercantil y la demora en los traslados es uno de los principales aspectos que contribuyen a que los concursos, necesitados de agilidad y flexibilidad, resulten poco eficientes".
Desde la asociación destacan la importancia de velar por una mayor profesionalización de la administración concursal, que deberá ser "más seleccionada, profesional y experta" y contar con la confianza del legislador.
Mención especial dedican a la fase de calificación -que cataloga el concurso como fortuito o culpable-, la cual ven como un "factor que disuade de modo muy relevante" a que los procedimientos se presenten "en el momento oportuno".
Por ello, solicitan que se estudie el suprimirla, y que la depuración de posibles responsabilidades se limite fundamentalmente al ámbito de la legislación societaria, laboral, fiscal, y en su caso, penal.
HACIA UN ESTATUTO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
Las normas planteadas por Aspac buscan asimismo regular el estatuto de la administración concursal, basado en un sistema de acceso mediante examen -mientras no haya, se habilitará a aquellos profesionales que hayan llevado un número de concursos de personas jurídicas que garantice su preparación y capacidad-.
Igualmente, apuestan por que se suprima el tamaño de los concursos puesto que la mayoría de las empresas tiene una dimensión muy pequeña; en todo caso, "se podría hacer una categoría de lo que antes eran concursos de especial trascendencia".
La asociación aboga también por la eliminación de la cuenta de garantía arancelaria, que no existe en países del entorno, así como de los límites cuantitativos de honorarios.
Por último, Aspac entiende que deberían abordarse otros cambios y reformas para mejorar la eficiencia y eficacia de los concursos, como puedan ser la simplificación de la solicitud, el fomento de las reestructuraciones con sistemas de alerta temprana de insolvencia, y la eliminación de las actuales trabas para el desarrollo de la actividad de las empresas concursadas, entre otros.
"La reforma de la Ley Concursal es una gran oportunidad no sólo para las personas que ejercen esta profesión, sino también para crear un instrumento que sea útil para la sociedad", añade el presidente de Aspac, Diego Comendador.
El pasado septiembre entró en vigor el Texto Refundido de la ley, un documento con pocas novedades de calado más allá de su estructura, que armonizó la legislación actual y la preparó para su gran reforma, la transposición de la directiva europea, que deberá llegar en los próximos meses.