Madrid, 2 mar (.).- La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) ha compartido con el Congreso de los Diputados sus propuestas para la reforma concursal y ha advertido de que el proyecto de ley incumple la directiva europea en temas como la exoneración del crédito público o la figura del experto.
Desde la asociación, presidida por Diego Comendador, reclaman que se tengan en cuenta sus propuestas de cara a incorporar la experiencia y el conocimiento de los profesionales en materia concursal para elaborar una ley que "contribuya a la recuperación" económica.
En este sentido, recuerdan que la Directiva comunitaria contempla la exoneración de deudas como una herramienta fundamental para la viabilidad de empresas con situaciones económicas delicadas.
Sin embargo, el proyecto de ley "hace un planteamiento diferente, excluyendo la exoneración del crédito público", algo que, sostiene Aspac, "puede comprometer, en muchos casos, la reestructuración, y condenar a los deudores a la liquidación aún resultando viables".
Además, la asociación pide poner en valor a estos profesionales "clave" y expone la "gran carga de trabajo a la que se verían expuestos los letrados de la Administración de Justicia, a los que se asignan responsabilidades que podría asumir la administración concursal".
Aspac ha transmitido esta "inquietud" a los grupos parlamentarios para que se establezcan unas condiciones justas en los honorarios, no en vano las medidas contenidas en el proyecto de ley "limitarían la retribución de los administradores sin tener en cuenta las características concretas de cada caso".
Otro de los puntos polémicos de la reforma es el procedimiento especial para microempresas, que sería aplicable al 90 % de las sociedades que se declaran en concurso de acreedores.
Al respecto, Aspac propone cambiar los límites de un volumen de negocio anual inferior a dos millones de euros a 700.000 euros y de un pasivo inferior a dos millones de euros a 350.000 euros.
Esta forma, afirma la asociación, es la única de garantizar que el procedimiento sea aplicado en casos especiales a verdaderas microempresas y proporcionar seguridad jurídica.
De igual modo, avisa del riesgo de la autoliquidación, que "podría llevar a situaciones de fraude procesal", concluye.
Esta semana ha dado comienzo el trámite parlamentario del texto, con el que el Gobierno quiere alinear a España con los países más avanzados del entorno en reestructuración empresarial, y reforzar el tejido productivo.
Así lo ha manifestado el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria, en la que ha defendido que la necesidad de aprobar esta iniciativa deriva "del compromiso de desarrollar el adecuado marco jurídico" que haga aplicable el derecho de la UE.
Por otro lado, el texto supone articular una de las reformas más sonadas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar el crecimiento económico.