Bruselas, 29 jun (.).- El presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales de España(Aspac), Luis Martín, llamó hoy a completar el reglamento que debe acompañar a la ley concursal española, modificada en 2015, en particular las normas para acceder a la profesión.
"Todas las modificaciones legislativas de 2015 hablan de un desarrollo reglamentario que no se ha llevado a cabo y, por lo tanto, hay partes de la ley que no se utilizan", dijo a Efe Martín, que participó hoy en una conferencia sobre insolvencia y reestructuración en Bruselas.
Entre las piezas que faltan, se encuentra la reglamentación del acceso a la profesión, para el que ahora sólo se exige haber estado colegiado durante cinco años, lo que conlleva, a juicio de Aspac, "que existan unas listas con demasiada gente pero poco especializada" en la administración concursal.
"Debería accederse con un examen y unos requisitos de experiencia", consideró el presidente de la asociación, que defiende que estas personas deberían ser especialistas en la ley que se aplica y tener capacidad de gestión de compañías.
También queda por desarrollar el reglamento que define los tipos de concursos en tres categorías, en función del tamaño de la empresa, entre otros puntos.
Para Martín, las reformas acometidas desde 2003 en la ley concursal española, 23 en total, se han hecho "a través de decretos leyes, de forma muy rápida y han dejado lagunas".
"Todos esos parches que se han ido poniendo requieren ahora que el tema se decante, se analice, se sosiegue y se reforme en positivo", opinó.
La ley española ha tenido también que adaptarse a la directiva europea de insolvencia, cuyo reglamento entró en vigor este lunes, y que se refiere en particular a situaciones de quiebras transfronterizas, casos a los que apenas se enfrentan los administradores españoles.
El perfil de la empresa española que termina en quiebra es de una compañía "pequeña, con pocos trabajadores y poco valor de activo", según Martín, que señala que el número de quiebras ha caído con respecto al punto álgido de la crisis, alcanzado en 2013.
En 2007, fueron 1.170 las empresas que se acogieron a la ley concursal, mientras que en 2013 aumentaron hasta las 9.500 y en 2016 se redujeron a unas 4.600, según sus cifras.
Al respecto, el presidente de Aspac, que también es miembro de la Asociación europea de Gestores de Insolvencia (EIP, en inglés), ve "positiva" la directiva propuesta por la Comisión Europea (CE) para fomentar la reestructuración temprana de las empresas.
Esta armonizará las leyes denominadas de "segunda oportunidad", hoy muy diferentes entre los Estados de la Unión Europea (UE).
Como única crítica, advierte de que Bruselas debe garantizar que cuando exista una moratoria que proteja al deudor frente a ejecuciones por parte del acreedor, ésta debe estar supervisada por un profesional, algo que la propuesta sólo recoge de forma "vaga".