Madrid, 8 oct (.).- El director de Regulación de Aelec, Pedro González, ha indicado este viernes que la transición energética en España será más cara, si se aplican las medidas del Gobierno de España para minorar los beneficios que obtienen los productores eléctricos en el mercado.
González ha participado en una conferencia de prensa en la que también ha estado el secretario general de la asociación europea de eléctricas Eurelectric, Kristian Ruby.
Pedro González ha dicho que en España pasa básicamente lo mismo que en Europa con los precios eléctricos, debido a la subida del gas natural y de los precios del CO2, pero la diferencia es que en España hay una tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), que está ligada al precio del mercado mayorista (pool).
Eso significa que los alrededor de once millones de consumidores acogidos a esa tarifa están sufriendo en los últimos meses las subidas de los precios del pool.
González ha recordado que el Gobierno español, además de rebajar el IVA de la factura de la luz del 21 % al 10 %, de eliminar prácticamente el impuesto a la electricidad dejándolo en un 0,5 % y eliminar el impuesto a la generación eléctrica para dos trimestres, ha introducido un mecanismo para que las centrales que no emiten CO2 tengan un pago por los beneficios que obtienen por los altos precios que están generando el gas y el CO2 en el mercado.
Pedro González ha señalado que ésto supone un nuevo pago para las centrales no emisoras, fundamentalmente nucleares e hidroeléctricas, aunque también afectan a algunas eólicas y fotovoltaicas.
El director de Regulación de Aelec ha señalado que ésto es algo muy negativo para los productores, que tienen unos costes fijos por producir energía, y para los que no es sostenible.
Además, ha dicho que ésto perjudica a España como país, ya que ahuyenta las inversiones que hay que atraer para construir las renovables que España tiene previstas para esta década, y que estas medidas del Gobierno van a ralentizar la transición energética.
Además, ha alertado del riesgo de que las centrales afectadas puedan parar para no caer en pérdidas, lo que supondría incrementar las emisiones de CO2.
Preguntado por qué el Gobierno pueda dar marcha atrás en esas minoraciones de beneficios a las centrales que no usan gas ni pagan derechos de CO2, ha respondido que no tiene idea de los siguientes pasos que pueda dar el Gobierno de España, que es al que habría que preguntar.
No obstante, ha señalado que esa normativa no será sostenible desde el punto de vista económico, ya que se introduce una carga al productor de energía de alrededor de 5.000 millones de euros, lo que significa que la actividad económica de producir electricidad se romperá.
Respecto a que el pasado 3 de octubre se parara la producción renovables en España, González ha respondido que le parece que ha tenido que ver con razones técnicas, pues es más fácil para la producción eólica, algo que se puede hacer de inmediato, mientras que no es fácil parar una nuclear que luego lleva tiempo arrancar.
Por su parte, el secretario general de Eurelectric ha dicho que ante la actual crisis de precios de la electricidad lo más importante es trabajar juntos en la UE para que el mercado sea transparente y competitivo.
Ha recordado que desde 2010 el peso de la electricidad en la factura de los europeos ha retrocedido un 1 % y supone el 31 %, mientras que los impuestos han subido un 29 %, y ya en 2019 suponían el 41 % de lo que pagan los consumidores, mientras que el pago por las redes ha aumentado un 11 % hasta representar el 28 % del total.
Ruby ha dicho que la única solución a largo plazo para el problema de los precios es construir renovables y para el corto plazo propone reducir los impuestos que soporta la electricidad.