Madrid, 23 sep (.).- Aena (MC:AENA) "ejercerá todas las acciones que corresponda" para no tener que bajar los alquileres que cobra a tiendas y restaurantes de los aeropuertos, tal y como le ha impuesto el Parlamento, ya que con ello podría dejar de ingresar 1.500 millones de euros en cinco años, según sus cálculos.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una enmienda a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que incorpora una disposición que modifica los contratos de alquiler en los aeropuertos gestionados por Aena.
Según explica el propio gestor aeroportuario en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta norma, una vez que entre en vigor, dispone que la renta mínima anual garantizada en dichos contratos entre el 15 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos, quedará suprimida y Aena no podrá exigir su pago.
También establece que desde el 21 de junio de 2020, la renta mínima anual garantizada fijada en los contratos quedará reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019.
Esta reducción de la renta mínima anual garantizada será aplicable en 2020, así como en todos los años posteriores hasta que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al de 2019.
En su comunicado a la CNMV, Aena asegura que está "analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía".
Además, apunta que esta modificación no afectará a su derecho a reclamar el pago de la renta variable establecida en los contratos en función de los ingresos derivados de las ventas en cada local.
Aunque el impacto final de esta media dependerá de la evolución del tráfico de pasajeros en los próximos años, Aena calcula que sus ingresos comerciales se reducirán en cerca de 1.500 millones de euros a lo largo del periodo 2020-2025.
Aena aclara que en este cálculo incluye las bajadas de rentas que ya ofreció a los arrendatarios el pasado enero para el periodo comprendido desde el 15 de marzo de 2020 y hasta el 8 de septiembre de 2021.