Madrid, 28 jun (.).- La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA (T:9202)) ha vuelto ha manifestar su rechazo a la intervención de precios que previsiblemente contemplará la ley de vivienda y ha propuesto limitar el alquiler turístico, reforzar la seguridad jurídica e incentivar fiscalmente a los propietarios como medidas alternativas.
Para su director general, José Ramón Zurdo, la congelación de rentas que negocian los socios de gobierno "además de ineficaz y contraproducente, no sería necesaria" si se aplicaran esas tres medidas.
Zurdo defiende, en un comunicado, que "para ahorrarnos el desastre que va a provocar en el mercado la intervención de las rentas del alquiler que propone el Gobierno" hay que incentivar fiscalmente a todos los arrendadores, sobre todo, a los pequeños propietarios, a través de incentivos fiscales en IRPF y en el IBI que les compense asumir el riesgo actual que representan los alquileres cuando los inquilinos no pagan o cuando les "okupan" las viviendas.
También reclama reforzar la seguridad jurídica del mercado del alquiler "con reglas claras que defiendan por igual, de forma equilibrada, tanto a arrendadores como a arrendatarios".
Respecto a limitar el alquiler turístico, propone que solamente a las viviendas que cumplan escrupulosamente con las normas aprobadas para ese tipo de alquileres por ayuntamientos, comunidades autónomas y comunidades de propietarios puedan poner sus viviendas en esta modalidad.
En esa línea, pide aumentar las exigencias para que se puedan conceder licencias, con el fin de que las viviendas turísticas que últimamente se han incorporado al alquiler tradicional, que han hecho bajar el precio de los alquileres, no vuelvan otra vez al alquiler turístico tras la pandemia.
A su juicio, si esto sucediera, volvería a disminuir la oferta de viviendas y por tanto a subir los precios de los alquileres.
Zurdo subraya que la congelación de las rentas en las zonas declaradas tensionadas y con una prórroga obligatoria de los arrendamientos a su finalización por tres años más "ya se ha planteado en varios países, con un resultado negativo que ya muchos conocemos" e insiste en que podría ser inconstitucional por vulnerar el derecho a la propiedad privada recogido en el artículo 33 de la Constitución Española o por la falta de competencias del regulador.
Asegura que la medida ahuyentaría a los inversores, provocaría un traspaso de viviendas al mercado de compraventa, generaría "listas de espera de años, como en Suecia", guetos en zonas tensionadas, economía sumergida y un aumento del alquiler turístico y de temporada, así como de la inseguridad jurídica para muchos arrendadores y del deterioro de las viviendas de alquiler.