Bruselas, 6 mar (.).- Alemania y otros diez países de la Unión Europea reclaman mayor flexibilidad en la normativa que ha propuesto la Comisión Europea para que las pequeñas y medianas empresas puedan cobrar sus facturas en un máximo de 30 días y luchar así contra la morosidad, dijeron este miércoles a EFE distintas fuentes diplomáticas.
La Comisión quiere atajar el retraso en los pagos a las pymes, eliminando las excepciones que hoy en día permiten a ciertas administraciones públicas alargar el plazo hasta los 60 días y permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan reclamar intereses de demora y una penalización de 50 euros si cobran con retraso.
Sobre todo, teniendo en cuenta que hoy en día los retrasos se alargan hasta los 100 o 120 días, según dijo el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, cuando presentó la propuesta el pasado mes de diciembre.
Sin embargo, un grupo de once países de la UE, liderados por Alemania, quieren que la normativa permita mayor flexibilidad, de tal manera que los pagos puedan alargarse más allá de los 30 días previstos si una pyme lo acepta de forma voluntaria.
Una propuesta que junto a Alemania, también reclaman Austria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Portugal, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia e Irlanda, según dijeron las citadas fuentes.
Estos once países también rechazan la propuesta de Bruselas de crear una autoridad de ejecución encargada de controlar que se cumplen los plazos de pago, porque a su entender, aumentaría la burocracia a la que se enfrentan las empresas.
España, en cambio, comparte el objetivo principal de la propuesta de mejorar la cultura de pago a las pyme, aunque propone también mayor flexibilidad para poder adaptar los plazos en función del sector del que se trate.