(Actualiza la EC2319 con más detalles del auto y reacciones)
A Coruña, 4 may (.).- La compañía Alu Ibérica (antigua Alcoa (NYSE:AA)), propietaria de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés (Asturias), “está estudiando” el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que decreta la intervención de la empresa por constatarse “diversas irregularidades en la venta”, y el comité de empresa celebra la decisión.
Tras conocerse la resolución judicial, fuentes próximas a la directiva de Alu Ibérica han manifestado a Efe que la empresa está estudiándola.
Por su parte, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha valorado “con alegría” la iniciativa y ha avanzado que pedirán que el administrador “retrotraiga las decisiones tomadas por empleadores anteriores”, es decir, que revierta su despido, el de otros tres representantes sindicales y el de una empleada.
“No podíamos seguir con la gestión que se estaba llevando. Esperamos que se pongan en buen amparo los intereses de los trabajadores y el futuro industrial de las plantas”, ha destacado Corbacho en declaraciones a Efe.
El juzgado decretó la intervención judicial de Alu Ibérica como medida cautelar por seis meses. Se podrá prorrogar por periodos de seis meses.
En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Efe, el juzgado indica que la medida solicitada por el Ministerio Fiscal el 12 de marzo, respecto a la adopción de medidas cautelares solicitadas por los querellantes, “se advierte como la más adecuada y proporcionada”.
De este modo, el juez instructor establece que los hechos revelan “en forma indiciaria” la presunta comisión de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones y el consiguiente blanqueo de los ilícitos capitales detraídos sin perjuicio de ulterior calificación.
Además, el juzgado ha designado como administradores judiciales a funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Intervención General de la Seguridad Social.
Se solicita de la IGAE la colaboración precisa para proceder a la intervención, tanto en lo que se refiere al número de interventores como a la determinación individual de los funcionarios de esa Institución sobre los que deba recaer el nombramiento.
“Se evidencia la indudable necesidad de adoptar las cautelas precisas para evitar que durante la sustanciación del presente procedimiento, las entidades querelladas puedan realizar operaciones que incidan en la hasta el momento indiciaria actuación de descapitalización y despatrimonialización de las empresas y los centros de producción de A Coruña y Avilés”, apunta.
A partir de la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales, sostiene, se ha podido constatar “la verosimilitud” de los hechos recogidos en la demanda, que refieren “la existencia de diversas irregularidades en la venta de los centros de producción de A Coruña y Avilés, incumpliendo los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial y con la propia representación de los trabajadores”.
El titular del juzgado narra que Alcoa vendió el 100 % del capital social a Parter Capital, quien a su vez vendió el 74,67 % de las participaciones sociales a System Capital Management, de la que “no consta que acumule experiencia alguna en el sector productivo del aluminio”.
Asimismo, añade que “la transmisión de las participaciones sociales de las plantas de producción se culminó por un precio muy superior al que fue abonado por Blue Motion Technologies A.G. unos pocos meses antes”.
“Cuando en el mes de junio de 2019 adquieren a través de dos sociedades el 100% del capital social de Avilés y A Coruña, ambas por un precio total de 1 dólar, el 75 % de éste fue vendido en el mes de marzo del siguiente año a System Capital Management por valor de 13.000.000 euros”, explica.
Además, el juzgado ha acordado incoar como pieza separada la intervención judicial de Alcoa.
Una operación, sostiene, evidencia la “descapitalización” de la empresa Alcoa, dado que “System Capital Management habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción, en lo que en este momento inicial de la instrucción, no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial de los mismos”.
Apenas siete meses después desde la venta, Blue Motion Technologies enajenó los centros de producción a una mercantil denominada System Capital Management, incumpliendo de forma meridiana los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial Alcoa, en perjuicio, pues, de las posibilidades de financiación de la actividad.
Se requerirá la autorización del interventor para la realización de distintas operaciones de las sociedades intervenidas, que son siete.
Los interventores podrán someter a autorización judicial cualquier otra operación en la que concurran aspectos o elementos relevantes que así lo justifiquen.
La Abogacía del Estado se personó la semana pasada en esta causa.
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