Madrid, 12 jun (.).- La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) se ha mostrado partidaria de penalizar la importación de coches eléctricos chinos, si las transacciones no se realizan respetando la legislación vigente en el comercio internacional o no se han producido en condiciones de igualdad.
En un comunicado, Anfac, como miembro de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea), señala que "toma nota" de que la Comisión Europea haya decidido imponer derechos compensatorios provisionales a las importaciones de coches eléctricos fabricados en China, basándose en las conclusiones iniciales de una investigación sobre las subvenciones del Gobierno chino a sus fabricantes iniciada el año pasado.
"Desde Anfac y desde Acea creemos que el libre comercio y justo es esencial para crear una industria automovilística europea competitiva a nivel global, al mismo tiempo que creemos que una competencia en igualdad de condiciones impulsa la innovación y las opciones para los consumidores", explica.
Tras recordar que Anfac "defiende tradicionalmente la libre competencia en el mercado, proceda de dónde proceda una mercancía", ha subrayado que lo hace "siempre que todas las transacciones se realicen respetando la legislación vigente en el comercio internacional y que se haya producido en condiciones de igualdad".
"Si hay alguien que incumple, debe ser penalizado por ello", reclaman los fabricantes españoles, que consideran que su futuro pasa por la pervivencia de un mercado global y abierto en el que desarrollar la competitividad de nuestra industria.
Según sus datos, el automóvil aporta anualmente más de 18.000 millones de euros de saldo comercial positivo a la economía española.
En esa línea, el director general de Anfac, José López-Tafall, defiende que la Unión Europea, y especialmente España, "desarrolle una política industrial fuerte que incentive la producción y fabricación de vehículos eléctricos en nuestro país, y atraiga nuevas inversiones, todo ello de modo compatible con el libre comercio y la normativa de defensa de la competencia".
La investigación de la Comisión Europea continuará durante varios meses hasta que decida si propone medidas anti-subvenciones definitivas y, a continuación, los Estados miembros votarán sobre la propuesta de la Comisión.