Madrid, 22 nov (.).- El Gobierno ha pactado con ERC y Bildu la introducción del mecanismo de equidad intergeneracional en el proyecto de ley de reforma de las pensiones, mediante un trámite "exprés" que ha sido duramente criticado por la mayoría de los grupos parlamentarios al considerarlo "una falta de respeto a la Cámara".
Con 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención, la Comisión de Trabajo ha dado este lunes el visto bueno al informe de la ponencia del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, iniciativa que pasa ahora a ser debatida en el Pleno del Congreso.
El proyecto de ley ha incorporado, dentro del informe de la ponencia, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que el Gobierno ha logrado introducir así después de lograr cerrarlo hace una semana con los sindicatos, pero no con la patronal que rechazó el incremento de cotizaciones sociales que conllevará.
Además, PSOE y Unidas Podemos han transaccionado cinco enmiendas con ERC y Bildu, en el marco de la negociación presupuestaria, que establecen la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social y la realización de un informe de auditoría del sistema.
Las otras tres enmiendas incluyen el compromiso de negociar en el diálogo social mejoras para las pensiones mínimas en base a la evolución del salario mínimo o la mejora de la pensión de los discapacitados.
También se ha introducido, con enmiendas de Más País, la equiparación de la pensión de viudedad de las parejas de hecho con las de matrimonio y la mejora de las de jubilación anticipada para largas carreras de cotización.
MALESTAR DE LA OPOSICIÓN POR EL TRÁMITE EXPRÉS
La mayoría de portavoces de los grupos parlamentarios, empezando por el del PP, Tomás Cabezón, ha manifestado su "malestar" por el poco margen que el Gobierno ha dado para tramitar un proyecto de ley "tan importante".
"El trabajo de los ponentes ha sido prácticamente ninguneado, con un trámite exprés de 48 horas y una única ponencia de hora y cuarto de duración", ha explicado Cabezón, que lo ha considerado una "falta de respeto y de mínima cortesía parlamentaria" hacia la Cámara y hacia los pensionistas.
En el mismo sentido, la diputada de Ciudadanos María Muñoz ha considerado "un atropello y falta de respeto" la "polémica introducción en fase de ponencia del mecanismo de equidad intergeneracional" y ha recalcado que el diálogo social no puede ser sustitutivo del parlamentario.
Para Muñoz, es "inaceptable" pensar que sólo hay dos opciones posibles, el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 que se quiere derogar o el MEI que lo sustituirá y que implica "una subida de las cotizaciones sociales que perjudicará la creación de empleo y cargará sobre las espaldas de los jóvenes el futuro de las pensiones".
A esta postura se ha sumado VOX, cuyo diputado Pablo Sáez ha asegurado que el mecanismo endeudará a los españoles para que paguen las futuras pensiones y supondrá un incremento de los costes laborales en un país con más de tres millones de parados.
Por su parte, desde PNV, su portavoz Íñigo Barandiarán ha asegurado que "entre los recortes de pensiones o la mejora de los ingresos, siempre apoya la garantía de los pensionistas de hoy para el futuro", al tiempo que el portavoz de Compromís Joan Baldoví ha señalado que "no es la reforma que queríamos, pero se han producido muchos avances".
El diputado de la CUP Albert Botran ha señalado que la revalorización de las pensiones es el único avance de esta norma que por otro lado las recorta al dificultar el acceso a la jubilación anticipada, mientras que el diputado de ERC Jordi Salvador ha considerado un "hito histórico" que se incluya una auditoría pública de la Seguridad Social.