Argentina acepta pedido de consultas de la UE ante la OMC por importaciones

Buenos Aires, 4 jun (EFE).- El Gobierno argentino aceptó el pedido de consultas de la Unión Europea (UE) ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por las trabas del país suramericano a las importaciones, aunque rechazó "todos los puntos cuestionados", informaron hoy fuentes oficiales.

"El planteo europeo representa un cuestionamiento infundado a las políticas públicas legítimas de Argentina que son aplicadas en conformidad con las normas de la OMC", indicó un comunicado de la Cancillería argentina.

El Gobierno de Cristina Fernández respondió así a la denuncia presentada el pasado 25 de mayo por la UE ante la OMC por las restricciones argentinas a las importaciones.

Según el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, "Argentina impone medidas comerciales restrictivas desde 2005" y "esas medidas son ilegales", declaró al informar sobre la denuncia.

Las trabas que Argentina impone a la importación de productos para promover la industria local también han despertado quejas de sus vecinos, como Chile, e incluso de sus socios del Mercosur, Brasil, Uruguay y Paraguay.

"Este cuestionamiento podría interpretarse como una línea de acción que procura estrechar los márgenes de política económica legítima de los países emergentes, con el objetivo último de volcar en sus dinámicos mercados internos los excedentes exportables de los países desarrollados, actualmente en crisis", sostuvo la Cancillería argentina.

De todas formas, el Gobierno manifestó su "disposición al diálogo" y propuso al bloque europeo iniciar las consultas en Ginebra.

Argentina afirmó en su notificación a la UE que "cumple con las reglas y los procedimientos de los organismos internacionales de los que es parte, mientras que un estado miembro de la Unión Europea hace caso omiso de 39 resoluciones de las Naciones Unidas".

El Gobierno aludió así al Reino Unido, al que el país suramericano le reclama negociar por la soberanía de las islas Malvinas, motivo de una guerra entre ambas naciones en 1982.

"Argentina hace un llamado a la UE a respetar siempre las decisiones de los organismos internacionales y a no utilizarlos únicamente como instrumentos de presión", postuló el comunicado de la Cancillería.

El Gobierno indicó además que participará del proceso de consultas con el objetivo de "defender las legítimas políticas en marcha" e insistió en que "continuará reclamando soluciones concretas para las restricciones" que sus productores "enfrentan en los mercados de los países desarrollados".

"Estas restricciones incluyen prácticas proteccionistas de larga data, como los subsidios distorsivos, las cuotas, el escalonamiento y los picos arancelarios" y "nuevas restricciones para-ancelarias tales como barreras sanitarias, fitosanitarias, técnicas y aquellas presuntamente justificadas en la protección del medio ambiente y el bienestar animal", añadió.

Según Argentina, su defensa "involucra los intereses de aquellos países en desarrollo que utilizan la política comercial como una herramienta para el desarrollo nacional".

La UE recurrió a un arbitraje internacional luego de reunir en los últimos meses denuncias de empresas europeas afectadas.

El bloque europeo considera incompatibles con las normas de la OMC el régimen argentino de autorización previa y preinscripción para la importación de todas las mercancías, lo que afecta a centenares de tipos de productos.

En 2011 se vieron afectadas exportaciones europeas a ese país por valor de unos 500 millones de euros (620 millones de dólares). En total, las exportaciones europeas a Argentina ese año representaron unos 8.300 millones de euros (10.292 millones de dólares), según la UE.

La Comisión indicó que Argentina exige que los importadores equilibren las importaciones con exportaciones, que incrementen el contenido local de los productos que se fabrican en Argentina o que no transfieran sus ingresos al extranjero.

La acción emprendida por la UE en Ginebra conmina a Argentina a dialogar sobre posibles soluciones durante un máximo de 60 días, con la OMC como árbitro. EFE