Cecilia Caminos
Buenos Aires, 19 jun (.).- Argentina extenderá por quinta vez el plazo que vence este viernes para adherir a la reestructuración de su deuda en medio de un clima de tensión, luego de que las negociaciones con los acreedores se estancaran tras la nueva oferta presentada por el país suramericano, informaron a Efe fuentes gubernamentales.
El Gobierno definía en estas horas por cuántos días prorrogar el plazo para reestructurar 66.238 millones de dólares en bonos emitidos bajo legislación extranjera, según indicaron las fuentes oficiales.
Ambas partes habían acercado posiciones en las últimas semanas y el Gobierno argentino divulgó el miércoles una oferta mejorada, pero los principales fondos de inversión tenedores de bonos reclamaron que se acerque más a su demanda.
Argentina entró en mayo en un cese de pagos selectivo y la pandemia de coronavirus agravó la recesión económica que golpea a la nación suramericana desde hace más de dos años, por lo que el Gobierno del peronista Alberto Fernández quiere evitar que la situación empeore aún más y los acreedores decidan accionar judicialmente para recuperar sus inversiones.
FERNÁNDEZ CONFÍA EN UN ACUERDO
El presidente confió este viernes en "encontrar un punto de acuerdo con los acreedores" y aseguró que quiere "resolver el problema de la Argentina".
"Avanzamos a los tirones, es una negociación que no es fácil. En 2005, cuando renegociamos la deuda, anunciamos la oferta en enero y la negociación terminó en diciembre. Hay que ser un poco más cautos, cuidadosos y seguir trabajando porque lo que necesitamos es que la Argentina no siga siendo vista en el mundo como un país que no cumple con sus obligaciones", sostuvo el mandatario.
Fernández aseguró que planteó a los acreedores "una renegociación seria" para "dejar esta triste manía de tomar deuda que después no se puede cumplir".
LA NUEVA OFERTA DE ARGENTINA
La nueva propuesta argentina reconoce 50 dólares por lámina de 100 dólares de valor nominal más un cupón adicional atado a las exportaciones.
Pero los acreedores "respondieron proponiendo ajustes (...) con los que Argentina no puede comprometerse de manera razonable, algunos de los cuales son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar la estabilidad macroeconómica y para avanzar con un programa con el FMI", advirtió esta semana el Ministerio de Economía.
El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos Argentinos, que reúne a Blackrock (NYSE:BLK), Fideliity y Ashmore, entre otros, lamentó en su último comunicado el "fracaso de las negociaciones".
"Nuestro Grupo está considerando todos los derechos y recursos legales disponibles en nuestra capacidad como fiduciarios para los millones de ahorradores que servimos en todo el mundo", alertó.
La primera propuesta de reestructuración presentada en abril planteaba empezar a pagar la deuda en 2023, con una quita de 5,4 % sobre el capital adeudado y una reducción de intereses del 62 %.
Hace dos semanas, tras no haber logrado el mínimo de adhesión necesario entre los acreedores, el ministerio informó que reducía a dos años el período de gracia, mantenía similares tasas de interés para los nuevos bonos y acortaba levemente la duración de los nuevos títulos canjeados.
La segunda mejora especificada este miércoles, que ofrece canjear bonos emitidos entre 2005 y 2016 por otros en dólares y euros con vencimiento entre 2030 y 2046, rebaja un año más el período de gracia, sin apenas quita de capital (3 % en los bonos de menor duración).
DIFERENCIAS
La oferta inicial presentada por Argentina ante la SEC estaba valorada por los expertos en unos 40 dólares por cada 100 de deuda neta a canjear, mientras que la propuesta revisada se acercó a los 50 dólares, mientras que los grandes grupos de tenedores de bonos rebajaron sus pretensiones a un rango de 53 a 55 dólares.
El economista Gustavo Ber señaló a Efe que la falta de consenso se origina no sólo en las diferencias en torno al valor de la deuda a canjear, "sino también en el diseño financiero y legal".
"Habrá que ver si es posible llegar a un consenso suficiente con los grupos de acreedores que permita generar un 'efecto arrastre' sobre otros institucionales y minoristas, dado que solo de dicha manera se podrían alcanzar a activar las cláusulas de acción colectivas y así evitar la existencia de 'holdouts' que puedan impulsar una aceleración y litigios judiciales en Nueva York", estimó.