Buenos Aires, 25 jul (EFE).- Argentina resolvió suspender "nuevas actuaciones relativas" al canal Martín García hasta tanto Uruguay "se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas" en torno a supuestas irregularidades en un contrato para el dragado del cauce de administración compartida, dijeron hoy fuentes oficiales.
"Es importante permitir que Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del Gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas, como las señaladas en el informe de auditoría", indicó un comunicado de la Cancillería de Argentina.
Según la prensa local, una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de Uruguay concluye que Argentina demoró el proceso de licitación para favorecer la extensión del contrato de concesión para obras de dragado con la empresa holandesa Riovía.
La auditoría se inició luego de que la oposición uruguaya denunciara en mayo pasado supuestos hechos de corrupción ligados al proceso de licitación para las obras en el canal del Río de La Plata.
El Tribunal de Cuentas "contradice" en su trabajo lo expresado en junio pasado por el canciller uruguayo, Luis Almagro, quien afirmó ante el Senado de su país que "no hay nada para denunciar ni que involucre actuación delictiva -ni siquiera en grado de tentativa- por parte de los funcionarios argentinos", recordó el comunicado.
El canal Martín García "es un emprendimiento a cargo de la Comisión Administradora del Río de la Plata (Carp), que es un organismo binacional -integrada por funcionarios de ambos países- cuyas acciones siempre se decidieron de común acuerdo", aseguró la nota oficial.
La Cancillería admitió de todas formas que ahora existe una "situación de duda planteada por uno de los socios", basada en información reservada a la cual Argentina "no ha tenido acceso".
En otro comunicado, el Gobierno de Cristina Fernández negó este martes la existencia de irregularidades en el contrato de concesión, sospechas que motivaron meses atrás la realización de una auditoría.
Según las versiones de los diarios bonaerenses Clarín y La Nación, el informe del Tribunal de Cuentas de Uruguay habla de supuestas demoras provocadas por Argentina para favorecer a Riovía y plantea dudas sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de esa empresa.
La oposición uruguaya denunció en mayo que fue ofrecida una coima de 1 millón de dólares a funcionarios de la Carp para apoyar en el proceso de licitación a Riovia, que desde hace dos décadas draga el canal.
Según el Gobierno argentino, en el acuerdo de prórroga suscrito el 7 de febrero de 2012 se fijó el precio de 15.150.000 dólares anuales para la compañía encargada de los trabajos. EFE