Arranca el fondo de alquiler social para desalojados de su vivienda habitual

Madrid, 17 ene (EFE).- Representantes de las entidades financieras, Federación de Municipios (FEMP), ONG y los ministros de Economía, Sanidad y Fomento han suscrito hoy el convenio por el que se pone en marcha el fondo social de viviendas de alquiler para personas que han sufrido un desalojo de su vivienda habitual.

Tras la firma protocolaria, la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que las familias desahuciadas tienen derecho a "una segunda oportunidad" para salir adelante y pagar un "precio razonable" por una vivienda.

"Podemos discutir si las medidas legales que adoptamos son suficientes, pero, sobre todo, con este convenio nos ponemos en la piel de toda esa gente que confió en su futuro, que invirtió en sacar adelante su familia y que no le fue bien", ha dicho.

El funcionamiento del fondo, que inicialmente contará con 5.891 inmuebles, prevé la colaboración entre las entidades financieras y los servicios sociales municipales o provinciales y las ONG para la difusión de información sobre las viviendas disponibles y su asignación entre los beneficiarios.

Cada banco y caja ha creado su propio fondo con viviendas no cedidas a la Sareb, la sociedad que debe dar salida a los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca, conocida comúnmente como "banco malo", y las ofrecerá sus clientes afectados por procesos de ejecución hipotecaria.

Las entidades informarán a los beneficiarios, ayuntamientos, diputaciones provinciales y ONG de las características básicas de las viviendas y facilitarán también los datos a través de sus sucursales y sus páginas web.

Los posibles beneficiarios se dirigirán a las entidades de crédito, que evaluarán la idoneidad a partir de un informe sobre su situación social realizado por los servicios sociales de los ayuntamientos o diputaciones provinciales en un plazo de 15 días.

El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones.

Para poder beneficiarse de un alquiler social hay que cumplir una serie de requisitos económicos y sociales.

El arrendatario tendrá que haber sufrido un desalojo de su residencia habitual por impago de la hipoteca posterior al 1 de enero de 2008, tener ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y cumplir alguno de los supuestos de vulnerabilidad fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años.

Esa norma estipula que podrán optar a un alquiler del fondo familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y algunos supuestos de violencia de género.

También tendrán derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.

Precisamente han sido los criterios fijados por el Gobierno el punto que más críticas ha recibido.

El portavoz de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha indicado a Efe que el fondo es "una medida placebo" porque el volumen de viviendas aportadas por los bancos es muy pequeño y porque los requisitos fijados "expulsan a buena parte de las personas afectadas".

La portavoz de vivienda en el Congreso del PSOE, Leire Iglesias, los ha calificado de "requisitos imposibles" y ha apostado por la constitución de un parque público de vivienda social. "No se trata de caridad, sino de derechos", ha dicho.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han expresado su temor a que las entidades financieras reserven las viviendas de calidad para el banco malo y dejen "la morralla" y las situadas en los extrarradios de las ciudades para los desalojados.

"Al margen de que el número de viviendas es insuficiente, lo que nos tememos es que los bancos destinen pisos que no podrían colocar en ningún caso", ha señalado una portavoz de la asociación.

De las casi 6.000 viviendas con las que inicialmente se han dotado los distintos fondos de las entidades financieras, 3.196 han sido aportados por las antiguas cajas (el 54,3 % del total), y el resto por bancos y cajas rurales. EFE

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