Río de Janeiro, 4 oct (EFE).- Un grupo de 300 indios brasileños mantuvo hoy por tercer día la ocupación de un ferrocarril de la minera Vale en el norte del país para reivindicar los derechos sobre sus tierras, a pesar de una orden judicial de desalojo.
Los indios de las etnias Guajajara y Awá-Guará ocupan desde el pasado martes las vías que conducen a la mina de Carajás, el mayor yacimiento de hierro del mundo, a la altura del municipio de Alto Alegre do Pindaré (Maranhão), según confirmó la Comisión Indígena Misionaria (Cimi), organización ligada a la Iglesia Católica.
La ocupación se ha prorrogado a pesar de que este miércoles un tribunal federal ordenó el fin de la ocupación del ferrocarril, que ha paralizado el transporte de hierro hacia el puerto marítimo de São Luis, capital de Maranhão, principal terminal de exportación de Vale.
Los manifestantes tienen prevista para hoy una reunión con la Fundación Nacional del Indio (Funai), organismo gubernamental que atiende a los pueblos nativos.
La ocupación es una protesta contra la Ordenanza 303, un texto legal redactado por la Abogacía General de la Unión (AGU), en vigor desde la semana pasada, que restringe el uso de las tierras a los indios.
La Ordenanza 303, denominada como "el decreto del exterminio" por el Cimi y otras organizaciones indigenistas, prohíbe ampliar la extensión de las reservas ya delimitadas.
El texto también prohíbe a los indios explotar los yacimientos de minerales o piedras preciosas en sus tierras o los recursos energéticos que puedan existir en ellas.
Además establece que el derecho de usufructo de las tierras puede ser limitado por cuestiones de defensa nacional o de interés general, por lo que autoriza al Gobierno a construir carreteras, puestos militares o proyectos energéticos.
En cambio, la ordenanza reafirmó la imprescriptibilidad de los derechos de los pueblos aborígenes sobre sus tierras, donde los "no indios" tienen vedado el acceso y la práctica de actividades económicas.
La AGU publicó esta ordenanza para regular los derechos sobre las reservas indígenas, siguiendo la jurisprudencia emanada de una decisión del Supremo Tribunal Federal tomada en 2009 en el juicio sobre la reserva "Raposa Serra do Sol", situada en el estado amazónico de Roraima.
En aquel juicio, el Supremo ordenó a decenas de arroceros a abandonar esa zona de 1,7 millones de hectáreas fronteriza con Venezuela y Guyana. EFE