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Argentina garantiza pagos a acreedores que se sumen a nueva propuesta

Publicado 20.08.2014, 17:20
Argentina garantiza pagos a acreedores que se sumen a nueva propuesta

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- El Gobierno argentino subrayó hoy su voluntad de cumplir con los compromisos contraídos con sus acreedores y garantizó el pago a los bonistas que se sumen a la posibilidad de cobrar en el país, tal como figura en el proyecto de ley remitido hoy mismo al Senado para su aprobación.

"Tenemos la voluntad indomable de pagar nuestros compromisos externos", dijo hoy el ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, durante una comparecencia para detallar el anuncio realizado anoche por la presidenta, Cristina Fernández, sobre el envío al Parlamento de un proyecto de ley para tratar de garantizar el pago de la deuda reestructurada tras la sentencia adversa de un juez estadounidense.

"Ante la envergadura de las dificultades que ha planteado el juez (Thomas) Griesa y el sistema judicial norteamericano en cuanto al cobro, no al pago, de parte de los servicios, es razonable que sea el propio Congreso quien tenga esta solución que estamos planteando", agregó el ministro.

El "Proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa", que ya ha sido remitido al Senado y que el Gobierno espera tener aprobado en septiembre, abre la posibilidad a los bonistas de cobrar su deuda en Argentina.

"No es un cambio de jurisdicción compulsivo, sino una modalidad para que Argentina pueda seguir cumpliendo con sus compromisos externos, pueda seguir pagando y que los bonistas puedan seguir cobrando", señalo Kicillof.

"También ellos (los bonistas) pueden ofrecer una posibilidad, una solución para cobrar, esta ley no es compulsiva. (...) Es una alternativa de pago local", apuntó.

Kicillof llegó incluso a invitar al multimillonario Paul Singer, fundador del fondo de inversión Elliot Management, impulsor del litigio contra Argentina, a sumarse a la propuesta, aunque matizó que es poco probable que acepte porque ofrece un 300 por ciento de beneficio frente al 1.600 por ciento que pretende cobrar el fondo especulativo.

El ministro aprovechó su comparecencia para cargar de nuevo contra el juez Griesa cuyo fallo, dijo, "es una locura financiera y política" para beneficiar al 1 por ciento de los bonistas que no entraron a los canjes ofrecidos por Argentina en una estrategia que el funcionario definió como de "acoso" a Argentina.

"Es un fallo ridículo, es de imposible cumplimiento", insistió el titular de Economía en alusión a la decisión del juez estadounidense que impide a los bonistas cobrar el dinero depositado por Argentina para cumplir con sus obligaciones financieras.

"Argentina tiene que seguir pagando, va a seguir pagando y va a defender los canjes de 2005 y 2010", reiteró el ministro, convencido de que, antes de 2003, cuando asumió el fallecido Néstor Kirchner, el problema de la deuda "era una bola de nieve imparable" y ahora "es una bolita de nieve manejable".

También el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, defendió la propuesta y matizó que no implica la apertura de un nuevo canje de deuda sino que "soluciona un problema" y remite al canje abierto en 2010.

La propuesta incluye la sustitución del Bank of New York como agente de pago por el Nación Fideicomiso del Banco Central argentino y ofrece a los fondos buitre las mismas condiciones de pago que al resto de bonistas si aceptan el canje antes del próximo vencimiento, el 30 de septiembre.

La sentencia del juez Griesa en el litigio abierto por fondos especulativos que exigen el pago íntegro de su deuda, obliga a Argentina a abonar unos 1.500 millones de dólares a los demandantes y mantiene bloqueados los fondos depositados por el país para hacer frente al último vencimiento adeudado a los tenedores de bonos sujetos a los canjes de 2005 y 2010, que implicaron importantes quitas en el valor de los títulos.

El Gobierno argentino sostiene que no puede cumplir el fallo porque desencadenaría un aluvión de demandas de los bonistas que aceptaron la reestructuración debido a una cláusula en el contrato del canje que les permite reclamar si el país suramericano mejora su oferta a otros acreedores antes de 2015.

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