Tokio, 28 mar (.).- Japón y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo comercial para facilitar el suministro de minerales empleados en la fabricación de vehículos eléctricos, según anunció hoy el Ministerio japonés de Industria.
El pacto, una vez sea formalmente firmado, permitirá a Japón beneficiarse de las ventajas fiscales incluidos en la Ley para la Reducción de la Inflación ratificada por Estados Unidos el pasado agosto.
En particular, establece que Japón será tratado como un socio comercial preferente en lo referente a minerales como el litio, el níquel, el cobalto, el grafito o el manganeso que se emplean en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos.
Los automóviles de este tipo que empleen esos materiales clave y otros componentes relacionados "cumplirán los requisitos para beneficiarse de la reducción de aranceles", dijo hoy en rueda de prensa el ministro nipón de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura.
El acuerdo está destinado "a construir cadenas de suministro estables junto a Estados Unidos y otros países con sensibilidades similares, con vistas a garantizar la disponibilidad de minerales de importancia crítica para la producción de vehículos eléctricos", añadió Nishimura.
El ministro japonés señaló que otros detalles de las ventajas fiscales de las que se podrá beneficiar la industria nipona, así como la fecha de firma del pacto, serán hechos públicos próximamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Japón, Corea del Sur y algunos países de la Unión Europea habían expresado sus protestas a Estados Unidos por quedar excluidos de su programa para apoyar a la industria nacional de los vehículos eléctricos.
Tokio remitió una carta formal el pasado noviembre al Gobierno estadounidense solicitando que se revisaran los requisitos para que pudieran participar en este programa empresas niponas.
El pacto anunciado hoy está destinado a reducir la alta dependencia de ambos países de China en cuanto a las materias primas para baterías eléctricas, y también contempla la colaboración para controlar las inversiones de terceros países en sus respectivas cadenas de suministro.