La Paz, 21 jun (.).- Un juez boliviano ordenó hoy el arresto domiciliario y la prohibición de salir del país para el expresidente de la petrolera estatal YPFB Guillermo Achá, investigado por haber favorecido supuestamente la contratación de la italiana Drillmec para la compra de tres taladros por 148,8 millones de dólares.
En una audiencia cautelar en La Paz que duró casi ocho horas, el juez Hugo Huacani dispuso la detención domiciliaria de Achá con vigilancia del fiscal, investigador y el juzgado, informó la Fiscalía General del Estado.
El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene prohibido acudir a las oficinas de la empresa y además debe presentar dos garantes personales y acreditar la dirección del domicilio en que cumplirá el arresto.
Achá fue detenido el martes de madrugada, tras declarar ante la Fiscalía dentro de las investigaciones por las supuestas irregularidades en la compra de taladros a Drillmec.
El Ministerio Público le acusó por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica y había solicitado su detención preventiva en la cárcel paceña de San Pedro.
La defensa de Achá, que la semana pasada fue destituido por el presidente boliviano, Evo Morales, ha asegurado que no cometió irregularidades.
Antes de la destitución, la gestión de Achá, que asumió la presidencia de YPFB en enero de 2015, había sido cuestionada tanto por algunas autoridades del mismo Gobierno como por la oposición en relación con la contratación de Drillmec con supuestas irregularidades.
La semana pasada, el presidente Morales pidió al sustituto de Achá, Oscar Barriga, que realizase "inmediatamente una revisión detallada de todos los procesos de contratación" en la petrolera.
El gobernante dijo entonces que el Estado no había sufrido un daño económico porque se detectaron a tiempo las irregularidades.
Dentro de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, ya han sido encarcelados otros seis funcionarios de YPFB y la gerente legal de YPFB Andina, una subsidiaria de la petrolera participada por el Estado boliviano y la compañía española Repsol (MC:REP).
Los empleados de YPFB apresados, que son sobre todo del comité de calificación de la licitación, están acusados de haber beneficiado la contratación de Drillmec para la compra de los taladros.
El contrato con la firma italiana fue anulado por el propio Achá cuando la Fiscalía comenzó la investigación.
YPFB es la empresa más grande del Estado boliviano y está a cargo de la dirección total del sector tras la nacionalización decretada por Morales en mayo de 2006.
Desde la refundación de la petrolera en 2006, varios de sus presidentes fueron relevados en medio de denuncias de corrupción.