Los Botín serán investigados por fraude fiscal tras regularizar 200 millones

(Añade más datos sobre la Fiscalía anticorrupción)

Madrid, 16 jun (EFE).- La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito fiscal y otro de falsedad documental contra el presidente del Santander, Emilio Botín, y otros once familiares (sus cinco hijos y su hermano Jaime y sus descendientes).

Aunque todos ellos han pagado en total 200 millones de euros tras regularizar su situación fiscal de los ejercicios 2005 a 2009, Anticorrupción les ha denunciado porque la Agencia Tributaria no ha podido terminar de comprobar que las declaraciones complementarias presentadas el año pasado fueran "completas y veraces" y el próximo 30 de junio prescribían los posibles delitos cometidos por las correspondientes a 2005.

La regularización surge del requerimiento que en mayo de 2010 hizo la Agencia Tributaria a 659 contribuyentes tras ser alertada por las autoridades francesas sobre personas con fondos no declarados en la filial del HSBC en Suiza (esos datos fueron robados por un exdirectivo, lo que ha generado problemas en Francia en la persecución penal de los presuntos defraudadores).

El origen del patrimonio en Suiza de la familia Botín, que podría superar incluso los 1.000 millones de euros a tenor de la cantidad pagada a Hacienda, se debe a la huida del padre del actual presidente del Santander a ese país en 1936, cuando acababa de estallar la Guerra Civil española y fue cesado de sus cargos en la entidad financiera.

Durante su estancia en Suiza, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López trasladó allí parte del patrimonio familiar, que ha sido administrado por una fundación incluso después de su fallecimiento en 1993.

A raíz de que la Agencia Tributaria requiriera información en 2010 al fallecido Emilio Botín Sanz de Sautuola y López por la información recibida del "caso HSBC", el presidente del Banco Santander, su hermano Jaime y sus respectivos hijos procedieron a regularizar "voluntariamente" sus declaraciones del IRPF y del Impuesto del Patrimonio, según fuentes próximas a la familia.

En la vía administrativa, esa regularización no les evitará pagar una multa, que puede oscilar entre el 20 % de la cantidad defraudada si se considera que la presentación de las declaraciones fue voluntaria (recargo) o un porcentaje muy superior (entre el 50 y el 150 %) si Hacienda decide que hay que aplicar sanciones por no apreciar la existencia de esa voluntad.

En la vía penal, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu entiende que "cabría la posibilidad de que hubiera podido cometerse un delito contra la Hacienda Pública", aunque recuerda que Anticorrupción ha interpuesto la denuncia "a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta".

Como se encargan de recordar el juez de instrucción y el Ministerio Fiscal, si las declaraciones complementarias fueran "completas y veraces", las actuaciones de los Botín podrían no ser perseguibles desde un punto de vista penal en virtud del artículo 305.4 del Código Penal (que establece que "quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria").

En el auto de admisión a trámite de la denuncia, el juez recuerda que "la propia Agencia Tributaria manifiesta su incapacidad para analizar toda la información facilitada en plazo, dada la extensa documentación aportada, la cantidad de entidades intervinientes, la dificultad para proceder a su identificación (...) y la complejidad de las estructuras patrimoniales (...) creadas", que son de "difícil seguimiento" a lo largo del tiempo.

Por ello, el juez Andreu cree que lo primero que hay que hacer para decidir si puede continuar la causa contra la familia Botín es saber "qué conductas aparecen como exigibles a cada uno de los denunciados a fin de regularizar o de poner en orden su situación tributaria".

Las comprobaciones serán realizadas por dos responsables de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria (Mariano Cuesta y Mercedes Llacer-Fernández).

Las verificaciones serán complicadas porque la herencia familiar en Suiza fue dividida en tres bloques, de los que uno era común (formado principalmente por el 12 % del capital social de Bankinter y atribuido principalmente a los nietos).

Los otros bloques se asignaron a dos sociedades, cuya propiedad correspondía a cada uno de sus hijos (Emilio y Jaime) y cuyas rentas han sido integradas en las declaraciones complementarias. EFE