Madrid, 1 mar (.).- La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha reclamado al Gobierno "un cambio inmediato y definitivo" del ingreso mínimo vital (IMV) que permita el acceso al millón de personas vulnerables atrapadas en su tramitación, con medidas como la de calcular la capacidad económica sobre los ingresos del año en curso.
"De ser la vacuna más eficaz contra la pobreza, el ingreso mínimo vital ha pasado a ser el virus de la desesperación y el sufrimiento de más de un millón de solicitantes que están atrapados en la telaraña de la burocracia y el sin sentido de farragosos procedimientos", asegura el presidente de la asociación José Manuel Ramírez.
Denuncia que "ni siquiera se han aprobado el 20 % de más de un millón de solicitudes que se tramitaron desde el mes de junio pasado y los requisitos establecidos deniegan casi el 60 % de las solicitudes".
De consolidarse esta tendencia el IMV "apenas se concederá a la mitad de las 850.000 personas en el límite más extremo de la pobreza que fue la cifra comprometida por el Gobierno", vaticinan los gerentes de servicios sociales.
La asociación ha hecho llegar al Gobierno y a los grupos parlamentarios un documento de análisis, propuestas, enmiendas y de posicionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales en la relación con la prestación de este ingreso.
En él se expone que las modificaciones recientes desde la Seguridad Social, cuatro decretos en ocho meses, "mejoran algo el procedimiento" y deben integrarse en un nuevo diseño de las coberturas y procedimientos que incluyan tres medidas claves "para cesar la desesperanza de las familias más vulnerables":
-Que el cálculo de la capacidad económica se realice sobre los ingresos del año en curso (eliminar el límite del 50 % de los ingresos del ejercicio anterior).
-Suprimir el padrón histórico colectivo (la pobreza ocurre en el presente, su perentoriedad no es cuestión de caridad).
-Decretar una "pasarela automática" para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas.
Según la asociación, "estas medidas implicarían que, en menos de un mes, se alcanzase la mitad del objetivo que se había propuesto el Gobierno, pudiendo llegar a casi medio millón de familias beneficiarias, evitando la errática gestión del Ejecutivo y sobre todo la desesperación de las personas que se topan con la tortura burocrática actual".