Madrid, 20 jul (.).- Varias organizaciones han pedido a la Audiencia Nacional que ejecute su sentencia de 2005 según la cual la Administración tendría que haber tenido en cuenta que Endesa (MC:ELE) obtuvo plusvalías por la venta de Electra de Viesgo a Enel (MI:ENEI) a la hora de estipular sus costes de transición de la competencia (CTC).
En un recurso a la sala de lo Contencioso-Administrativo, Greenpeace España, Transición Verde y Facua, entre otros -que cifran los CTC cobrados de más por las eléctricas entre 1998 y 2006 en unos 1.500 y los 2.800 millones de euros-, reclaman que se devuelva este "exceso" a los consumidores ya sea de forma directa o indirecta.
Los CTC se remontan al Gobierno de José María Aznar (1996-2004), que aprobó estas ayudas para retribuir a las compañías eléctricas por las inversiones hechas antes de 1998 y que, según se creía entonces, no iban a poder recuperarse una vez liberalizado el sector.
A estos hechos alude el escrito de las organizaciones, que también suscriben Economistas Frente a la Crisis y la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galiza.
En concreto, se remiten a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 2005, que, a instancias de Iberdrola (MC:IBE), anuló la resolución del Ministerio de Economía que establecía las cantidades y porcentajes provisionales de los CTC tecnológicos a 31 de diciembre de 2001.
Los magistrados consideraron entonces que esta orden no realizaba "la deducción del precio superior de venta obtenido por Endesa de las instalaciones de producción a las que se reconocieron los costes de transición a la competencia", en el marco de la venta de Electra de Viesgo a Enel.
El veredicto recordaba que en el informe anual y memoria de la compañía se advertía "una plusvalía de 1.219 millones de euros", correspondiente a las centrales de generación y a las centrales de distribución.
Por tanto, de acuerdo a la ley, "si en la venta de las instalaciones la sociedad obtuviera precios superiores a los costes" reconocidos como CTC, "la diferencia será deducida".
Un criterio que avaló tres años más tarde el Tribunal Supremo, que insistía en que si la eléctrica conseguía compensar la inversión por otros medios, los CTC "deben eliminarse o disminuirse en la misma proporción".
LA ADMINISTRACIÓN NO HA DETERMINADO LAS PLUSVALÍAS
Ahora las organizaciones, representadas por el despacho Gabeiras & Asociados, advierten de que a día de hoy "no consta que la Administración haya dictado un acto a fin de determinar las plusvalías" ni que se haya cumplido.
Por ello, instan a la Audiencia Nacional para que requiera "un acto administrativo" en el que se liquiden los CTC relacionados en la sentencia, teniendo en cuenta "exclusivamente los precios superiores de venta de instalaciones a las que se reconoció costes de transición a la competencia.
Una vez determinado "el monto exacto de los CTC cobrados en exceso", reclaman que se ordene "su reintegro al sistema eléctrico, restituyendo a los consumidores de manera directa o indirecta el exceso de costes pagados".
A tenor de sus cálculos, la deuda pendiente de liquidar por las eléctricas con los consumidores que puede oscilar entre los 1.500 y 2.800 millones de euros, fruto de unos CTC "que no han sido reclamados, no han prescrito y son exigibles".
Con todo, advierten las recurrentes, para determinar la cantidad exacta es necesario que la Audiencia Nacional ejecute su sentencia.