Madrid, 24 mar (.).- La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc) prevé que los servicios de transporte público urbano y metropolitano sufran un sobrecoste de 1.367,5 millones de euros en 2022, debido al incremento de los precios de la energía, si la situación actual del no se reconduce.
La asociación ha explicado este jueves, en un comunicado, que se trata de una previsión "muy significativa", teniendo en cuenta que el volumen total del negocio en el sector es de 5.000 millones de euros, lo que supondría un 27 % del total de la facturación.
Las causas de esta "dramática situación" vienen dadas, por una parte, por los efectos de la pandemia de los que el sector aún no se ha recuperado y que supusieron unas pérdidas de 1.082 millones de euros en 2020 y, el año pasado, un descenso medio del volumen de pasajeros del 32 % frente a 2019, ha recordado Atuc.
Aunque la previsión para 2022 es de mejora, todavía se espera un índice de ocupación media del 85 %, lo que provocará unas pérdidas por vehículo de unos 32.000 euros.
Por otro lado, debido al "descomunal incremento" de los precios de la energía en todas sus formas, el sobrecoste que el sector está asumiendo en comparación con inicios del año pasado asciende a más de 700 millones de euros.
Los costes de energía previstos para 2022 en los autobuses ascienden a 207 millones de euros, mientras que, en el modo ferroviario (cercanías, metros y tranvías), se disparan a 495 millones, debido al aumento del precio medio por kWh.
En el caso del transporte público impulsado por energía eléctrica, como el metro o los trenes de cercanías, el impacto puede implicar un incremento del coste del 400 %.
El incremento medio del precio del carburante en 2022 supone un coste medio de 10.314 euros por autobús y, en el caso de los vehículos de gas natural, 39.456 euros.
En este contexto, Atuc demanda al Gobierno medidas a corto plazo como autorización a que los contratos de concesión puedan indexarse al coste del precio de la energía; establecimiento de ayudas directas al transporte público; tratamiento similar al de las industrias intensivas en consumo eléctrico para las empresas operadoras de transportes ferroviarios, y reducción de los impuestos que gravan la energía.