Madrid, 1 dic (EFE).- La Audiencia Nacional concluirá mañana el juicio al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por un delito de fraude fiscal en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas por Air Comet, por el que la Fiscalía reclama para él dos años y cuatro meses de prisión.
Por este mismo delito está acusado el expresidente de Air Comet Antonio Mata, para el que el Ministerio Público pide la misma condena, que incluye además una multa igual a la cuota defraudada, 99 millones de euros, y que se indemnice al fisco con esa cantidad más los intereses.
La última sesión de la vista comenzará a partir de las 12:00 horas con el informe final de sus defensas, que dará paso al turno de última palabra de los dos acusados.
El pasado miércoles, el que fuera máximo responsable de la patronal española, que el próximo jueves cumplirá su primer año en prisión preventiva, defendió que no cometió ningún fraude a Hacienda, ya que pensaba que "no había que tributar en el Estado español" por esa adquisición.
Por su parte, Mata aseguró que la empresa no tuvo "ni beneficios ni pérdidas" fiscales" y que si la operación hubiera tenido "consecuencias fiscales" se las habrían "repercutido" al vendedor, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Los hechos se remontan a 2001, cuando la SEPI vendió a Air Comet el 99,2 % de Interinvest, una mercantil domiciliada en Argentina que a su vez era propietaria del 92,1 % del capital de Aerolíneas Argentinas.
El precio de venta fue de un dólar, pero la SEPI se comprometió también a aportar a Interinvest hasta 300 millones de dólares que Air Comet debería destinar a satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad adquirida.
Air Comet, sin embargo, utilizó el dinero no para pagar a los acreedores, sino para subrogarse en su posición en el proceso de suspensión de pagos, lo que le permitió posteriormente recuperar el 40 % de lo invertido gracias al convenio aprobado por Aerolíneas Argentinas para saldar sus deudas.
Por todo ello, la Fiscalía también solicita que Díaz Ferrán y Mata pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas del proceso.
Díaz Ferrán volverá a ser conducido al tribunal desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde permanece bajo fianza de 5 millones desde el 5 de diciembre del año pasado por delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales, entre otros, por el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans.
Sin embargo, el exdueño del grupo turístico, que llegó a acumular bienes por valor de 88 millones de euros, ha reiterado que no puede reunir ese dinero.
Y no sólo alega que no dispone de esa cantidad para abonar la fianza -que inicialmente fue de 30 millones-, sino que el pasado octubre solicitó al Juzgado que tramitó su concurso de acreedores que le asigne una cantidad mensual para productos alimenticios y de higiene personal "indispensables y necesarios para su supervivencia" y la de su esposa.
Recientemente, además, ha reclamado al Colegio de Abogados de Madrid que le conceda el derecho a la justicia gratuita y al Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid que paralice el recurso que él mismo interpuso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la sentencia que declaró culpable el concurso de Marsans para no tener así que hacer frente al pago de las tasas. EFE
Por este mismo delito está acusado el expresidente de Air Comet Antonio Mata, para el que el Ministerio Público pide la misma condena, que incluye además una multa igual a la cuota defraudada, 99 millones de euros, y que se indemnice al fisco con esa cantidad más los intereses.
La última sesión de la vista comenzará a partir de las 12:00 horas con el informe final de sus defensas, que dará paso al turno de última palabra de los dos acusados.
El pasado miércoles, el que fuera máximo responsable de la patronal española, que el próximo jueves cumplirá su primer año en prisión preventiva, defendió que no cometió ningún fraude a Hacienda, ya que pensaba que "no había que tributar en el Estado español" por esa adquisición.
Por su parte, Mata aseguró que la empresa no tuvo "ni beneficios ni pérdidas" fiscales" y que si la operación hubiera tenido "consecuencias fiscales" se las habrían "repercutido" al vendedor, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Los hechos se remontan a 2001, cuando la SEPI vendió a Air Comet el 99,2 % de Interinvest, una mercantil domiciliada en Argentina que a su vez era propietaria del 92,1 % del capital de Aerolíneas Argentinas.
El precio de venta fue de un dólar, pero la SEPI se comprometió también a aportar a Interinvest hasta 300 millones de dólares que Air Comet debería destinar a satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad adquirida.
Air Comet, sin embargo, utilizó el dinero no para pagar a los acreedores, sino para subrogarse en su posición en el proceso de suspensión de pagos, lo que le permitió posteriormente recuperar el 40 % de lo invertido gracias al convenio aprobado por Aerolíneas Argentinas para saldar sus deudas.
Por todo ello, la Fiscalía también solicita que Díaz Ferrán y Mata pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas del proceso.
Díaz Ferrán volverá a ser conducido al tribunal desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde permanece bajo fianza de 5 millones desde el 5 de diciembre del año pasado por delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales, entre otros, por el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans.
Sin embargo, el exdueño del grupo turístico, que llegó a acumular bienes por valor de 88 millones de euros, ha reiterado que no puede reunir ese dinero.
Y no sólo alega que no dispone de esa cantidad para abonar la fianza -que inicialmente fue de 30 millones-, sino que el pasado octubre solicitó al Juzgado que tramitó su concurso de acreedores que le asigne una cantidad mensual para productos alimenticios y de higiene personal "indispensables y necesarios para su supervivencia" y la de su esposa.
Recientemente, además, ha reclamado al Colegio de Abogados de Madrid que le conceda el derecho a la justicia gratuita y al Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid que paralice el recurso que él mismo interpuso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la sentencia que declaró culpable el concurso de Marsans para no tener así que hacer frente al pago de las tasas. EFE