Madrid, 1 jul (.).- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha propuesto que la ley de vivienda limite al 10 % el incremento del precio de alquiler sobre la última renta del contrato anterior en los nuevos contratos por cambio de inquilino que se firmen en las zonas que se declaren tensionadas.
La medida forma parte del paquete de propuestas que el departamento de José Luis Ábalos ha enviado al de Derechos Sociales para presionar a la ministra y nueva secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en la negociación sobre el borrador de esta ley.
Mientras que Belarra asegura en Twitter que siguen trabajando para llegar a un acuerdo, el portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha advertido de que el pacto con el PSOE pasa por "congelar los precios o bajarlos, pero en ningún caso subirlos".
FUERA DE PLAZO
Incumplido ya el plazo que el Gobierno trasladó a Bruselas en el plan de recuperación de aprobar el anteproyecto en el primer semestre, los socialistas han empaquetado las medidas que ofrecen a sus socios de coalición para salvar el único punto de discrepancia que mantienen, que es el relativo a "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado", según se comprometieron en el acuerdo de gobierno.
Un compromiso que renovó en el pacto presupuestario del pasado diciembre y que le obliga a establecer "mecanismos de contención o eventualmente de bajada de los precios".
El documento del Mitma, titulado "mecanismos efectivos de freno de subidas abusivas, contención y bajada de los precios de alquiler en zonas de mercado tensionado", reitera que las administraciones competentes en materia de vivienda, podrán declarar, de acuerdo con su normativa reguladora, zonas de mercado residencial tensionado por un periodo de tres años.
Esa declaración conllevará un plan especifico para corregir los desequilibrios y un calendario de desarrollo y habilitará al Estado para colaborar desde el punto de vista fiscal, presupuestario o de gestión patrimonial, con el objeto de incrementar la oferta de vivienda asequible de dicho ámbito, así como para autorizar otros mecanismos de contención de rentas recogidos en la ley.
Entre esos mecanismos destacan las reducciones en el IRPF, con un porcentaje general del 50 %, que llegará al 60 % si la vivienda está recientemente rehabilitada en función de unos criterios, al 70 % si los inquilinos son jóvenes entre 18 y 35 años y si los contratos son de larga duración sin incrementos superiores al IPC durante un plazo de al menos diez años.
También fija una reducción del 70 % del IRPF para los propietarios de viviendas que se incorporen al mercado de alquiler en las zonas tensionadas y del 90 % para los que bajen más de un 10 % la renta respecto al contrato anterior.
Asimismo, es del 70 % para los propietarios que cedan sus viviendas para alquiler social o asequible a administraciones o a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a hogares o colectivos vulnerables.
MECANISMO ADICIONAL
Los socialistas incluyen en su propuesta que "cabría establecer un mecanismo adicional que, excepcionalmente y acotado en el tiempo, pudiera intervenir en el mercado para amortiguar dicha tensión y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda las carencias de esas zonas".
A falta de definir dicho mecanismo, señalan que deberá "tener en cuenta que la responsabilidad en la garantía del derecho constitucional del acceso a la vivienda corresponde a los poderes públicos" y tener "la suficiente solidez técnica y seguridad jurídica para su permanencia en el tiempo", así como "no producir efectos indeseados de reducción drástica de la oferta que puedan producir efectos de expulsión de las familias contrarios a los buscados".
PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DE LOS CONTRATOS
Otra de las medidas es la posibilidad de que el arrendatario pueda acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
Adicionalmente, en el caso de nuevos contratos por cambio de inquilino en un ámbito declarado como de mercado residencial tensionado, se limita a un 10 % el incremento de la renta de alquiler sobre la última renta del contrato anterior.
Los socialistas están convencidos de que la aplicación simultánea de este mecanismo, junto con los estímulos fiscales, pueden conseguir el doble efecto de contención de rentas a corto plazo y estímulo de la oferta a medio plazo para los perfiles con dificultades para acceder al precio de mercado.